Día 3: Más allá de Roe v. Wade

por Verónica Rivera Torres

http://www.mujeresenpr.com

The availability of abortion removes the one remaining legitimized reason that women have had to refusing sex besides the headache.

Catharine A. MacKinnon, "Privacy v. Equality: Beyond Roe v. Wade", Feminism Unmodified (1983).

Hace más de 37 años, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, bajo el manto del derecho a la privacidad, reconoció como derecho fundamental el que las mujeres podamos decidir si queremos o no interrumpir un embarazo. Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), sin lugar a dudas,  significó y aún significa el mayor triunfo jurídico de las mujeres de Estados Unidos y, podría decirse, de Puerto Rico.

Sin embargo, a pesar de que ya van casi cuatro décadas desde el reconocimiento de tal derecho,  el aborto continúa siendo un tabú, las historias de las mujeres que han abortado son silenciadas, y el espacio retórico ha sido casi completamente ocupado por las corrientes fundamentalistas que utilizan la religión como justificación para subordinar a las mujeres. Como bien dicen consignas que nos llegan de nuestras hermanas latinoamericanas “nos quieren meter los rosarios en los ovarios” sin intentar siquiera entender los procesos sicológicos, económicos y culturales que llevan a una mujer no sólo a abortar sino también a embarazarse. En ese aspecto, cabe aquí referir a las críticas que feministas como Catherine MacKinnon (en Feminism Unmodified) han manifestado al raciocinio detrás de Roe v. Wade, en cuanto a que si el derecho al aborto se reivindica únicamente como parte de las prácticas privadas e íntimas de las mujeres, se puede tener como resultado el que se invisibilicen las dinámicas políticas que se dan dentro de determinadas prácticas sexuales, las cuales muchas veces se ven seriamente afectadas por los roles de género. Un ejemplo de lo anterior sería la negativa de muchos hombres a utilizar un condón como método anticonceptivo. Así, el aborto –visto desde lo privado- se convierte en un acto aislado que nada dice del acto previo (la relación sexual) que condujo a un embarazo no deseado.


Es ante ese panorama que me parece necesario actualizar la máxima feminista de que lo personal es político, en el contexto particular de los abortos. Hace falta fortalecer los lazos de solidaridad, empatía y comprensión con las mujeres que han abortado, escuchar sus historias e incentivarlas a hacerlas públicas. Así, conoceremos a la adolescente que se embarazó porque con el condón no se sentía igual, según su novio; a la mujer casada a quien su esposo le prohibió operarse para evitar los hijos; la chica soltera que tuvo una aventura sexual de una noche porque se sentía sola; todas ellas son nuestras hermanas, y debemos validar sus historias. Esto último no busca poner sobre los hombros de las mujeres que han abortado la carga de visibilizar su decisión, a costa del rechazo de cierto sector de la sociedad. Más bien, es una invitación a las feministas del país a que no nos recostemos ni nos limitemos a los confines de lo “legalmente” permitido y dejemos de hacer el trabajo político necesario para que las decisiones de las mujeres sean respetadas, tanto y tanto, que las mujeres que se practican un aborto puedan expresarlo libremente sin temor a represalias.


En los Estados Unidos, el terrible asesinato del Dr. George Tiller, médico que siempre mostró su compromiso con ayudar a las mujeres que necesitaban terminar un embarazo en el último trimestre, motivó a que cientos de mujeres que vieron sus vidas directamente impactadas por el trabajo de Tiller salieran a la calle, acudieron a los medios para contar sus historias. Historias de mujeres fuertes, valerosas, que tomaron lo que ellas describen como la mejor decisión de sus vidas. Sus voces fueron escuchadas y reconocidas, y lograron evidenciar la crueldad e injusticias sobre la que muchas veces se levanta el movimiento que se autoproclama como pro vida.


Así, no debemos bajar la guardia. Cada cierto tiempo, algún legislador puertorriqueño se inventa peores maneras para reglamentar a las clínicas de aborto, congresistas estadounidenses entorpecen el fácil acceso de las mujeres pobres al aborto y, en general, los religiosos y religiosas fundamentalistas utilizan un discurso de odio en contra de las mujeres que abortan y en contra de los y las profesionales de salud que brindan tal servicio.


Nos corresponde, entonces, a nosotras velar por ser las autoras de nuestras propias historias, sin intervención indebida del Estado ni de nuestras parejas, ni de una sociedad aún machista. Después de todo, la historia de nuestra emancipación la escribiremos nosotras. Nadie más.

Día 2: La decisión de Camila

por Doritza Díaz Feliciano

Sentadas a la mesa luego del almuerzo, comentaban lo publicado en el diario, como de costumbre.  Estalla el debate en torno a la notoria celebridad a quien le removieron la custodia de sus hijos.  Irónicamente, se recordaba con aprobación aquel día en que la adolescente deleitó paladares al desplazarse semidesnuda por el escenario. El debate se desplegó con comentarios estigmatizantes sobre cómo una tierna niña se ha convertido en esta horrible madre.  Camila escuchaba, mientras saboreaba un sorbo de café.

El debate concluyó con el veredicto de culpabilidad: “Se lo merece”.  La conversación evolucionó a comentarios generalizados en torno a “algunas mujeres que son tremendas”.  Aparentaba que, independientemente de cualquier modalidad de desmembramiento familiar, la culpa final siempre sería de la mística mujer tremenda. Que si sembró y cosechó, que si no hizo tal cosa, que si no toleró, que no intentó, que no perdonó, que eso le pasa por conocer mucho hombre, por no saber escoger al padre de sus hijos, por dar prioridad a la carrera, por ser salvaje e indisciplinada, y muchísimas pamplinas que poco tienen que ver con ser madre. 

A lo largo de la conversación, Camila identificó un sinnúmero de adjetivos que la describían.  Se preguntó si eso la haría una mala madre en el futuro.  Pero su decisión pospondría la necesidad del planteamiento para una próxima ocasión.  Aún sin querer escapar a su inquietante porvenir, estaba convencida de que tendría otra oportunidad para pensarlo.  Solo pudo pensar en Laura, que al igual que ella ese mismo día tomó una decisión, aunque distinta.  Se preguntó, qué clase de madre será esta adolescente sin un sistema de apoyo, con un líbido incontrolable y un insumo económico insuficiente aún para sí. ¿Será buena madre?  

Pero la decisión de Camila estaba tomada.  Aterrada por un matriarcado castrante de acertado y constante reproche, se convenció de que tendría que callar o la echarían a la calle.  Su preocupación más urgente era acumular lo antes posible $300 con su salario mínimo.  Camino al encuentro con el progenitor de su nonato, elaboró la idea de mayor inmediatez; si su cuerpo sería intervenido por un error de ambos, el dinero debía venir de la mano de ambos.  Pero aquel no llegó y nunca más estuvo. 

Convencida en su debate interior, luego de dos meses presupuestando el pago, acudió a esa infalible amiga que la trataba de convencer durante el camino.  Camila permanecía inmutable, debatiéndose entre sentirse una mala mujer por no aceptar su regalo de vida o sentirse una mujer libre de decidir, al igual que aquel, que no era el momento de criar sino de crecer.

Contrario a su expectativa, encontró una sala repleta de diversas caras.  Juró sentirse observada por todas, juzgándole.  Luego de escasos segundos percibió la historia detrás de cada una de esas caras; la chiquilla muy joven, la señora muy vieja, la muchacha muy pobre, la que tenía demasiados hijos, la que se tenía que casar sin barriga...y Camila.  Ilusionada con un amor platónico, sintió la tan inculcada obligación de hacer lo indecible por retener al hombre a toda costa.  Entendió, que si bien no fue la movida más inteligente, no era tan grave como para merecer la cárcel.  Entonces, se libró de toda culpa y entró.

40 días por ti: Una jornada por tu derecho a decidir

Hoy, 28 de septiembre de 2011, se conmemora el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Unido a este día, el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, junto a organizaciones y personas interesadas en los derechos humanos de las mujeres, comenzaremos una jornada de 40 días para educar sobre la importancia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el mundo.  40 días, 40 voces, 40 miradas, 40 razones para el reconocimiento, aceptación y disfrute por las mujeres de su derecho a decidir sobre su vida, su cuerpo, su futuro, su felicidad. Tendremos desde videos, poemas, cuentos hasta columnas de opinión y reseñas de las investigaciones más recientes sobre el tema. Exploraremos qué son los derechos sexuales y reproductivos, la importancia de su reconocimiento por el Estado- como urge que ocurra en los países donde el aborto es penalizado- hasta la necesidad de entender que la capacidad reproductiva y sexual de las mujeres es un tema de salud pública. Discutiremos por qué la necesidad de que exista un programa de educación sexual integral dentro del currículo escolar y cómo medidas de prevención como estas, junto al acceso a métodos anticonceptivos, son vitales para el desarrollo de nuestros jóvenes. Esperamos que este foro sirva para educarnos, debatir y sobre todo profundizar sobre un aspecto tan trascendental en el desarrollo de toda persona, pero muy en particular sobre la vida, cuerpo y decisión de vida de toda mujer. También aspiramos a que esta jornada sirva para visibilizar la diversidad de voces y miradas a estos temas tan importantes para las mujeres, como sujetos políticos, pero también para la sociedad en conjunto.

Día 1: Para no morir

por Amárilis Pagán Jiménez

Abogada y Directora Ejecutiva de Proyecto Matria

El aborto es legal en Puerto Rico.  Sin embargo, esa legalidad no puede cegarnos a la hora de mirar el estado de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en nuestra Isla.

"Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir". (Campaña 28 de septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe).  El lema de esta campaña internacional reclama, más que nada, el derecho de las mujeres a vivir una vida plena y libre del yugo de la intromisión en sus cuerpos de grupos religiosos que cada vez con más insistencia desean imponer a las naciones sus creencias particulares. 

Está comprobado que la educación sexual es un pilar importante de cualquier política pública sobre prevención de embarazos.  Aún así, en nuestra Isla una carta de un obispo católico fue suficiente para anular la iniciativa del Departamento de Educación para establecer un programa de educación sexual efectivo en las escuelas públicas.  Como si, además, se hubiera querido consolar al obispo y a otros grupos religiosos que viven aterrorizados del cuerpo y la sexualidad humana, el Departamento de la Familia decidió iniciar una campaña de anti-educación sexual llamada “El verdadero amor espera” y utilizó como carta de presentación un vídeo plagado de estereotipos de género y clase social llamado “El laberinto de Yoli”.  Presentar la abstinencia como único medio de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual NO es educar.  Es alimentar el prejuicio y la ignorancia.  Es otra manifestación del estado teocrático en el cual nos hemos convertido en detrimento de los derechos humanos de jóvenes de ambos sexos.

Si la política pública es la de NO educar, imposible hablar del acceso a anticonceptivos.  El tradicional discrimen entre anticonceptivos y viagra no es algo nuevo y encarna perfectamente la idea de que la sexualidad es derecho de hombres y pecado de mujeres. 

Si consideramos como agravante el hecho de que enfrentamos una crisis de salud pública en la cual se opta por recortar los servicios ginecológicos y obstétricos, tenemos que concluir que si no nos educamos, nos embarazamos.  Y si nos embarazamos, nos quedamos solas con la barriga y la pobreza a cuestas, hijas abandonadas de los dioses que prefieren vernos morir.

Video realizado por la organización feminista Taller Salud, en Puerto Rico, como parte de la campaña del 20 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en Latinoamérica y el Caribe.

Equipo de producción:

Michel Collado, Tania Rosario, Dora Irizarry, Margarita Aponte, Liana Carrasquillo

Talentos:

Iliana García, Mariana Iriarte, Kathia Castillo, Ruth Arroyo, Tania Rosario, Lourdes Inoa

Edición:

Tito Román, Karen Rossi, Ibrahim García

Día Internacional por la despenalización del Aborto

Llamado a la Acción - 28 de septiembre 2011

Los temas referidos a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos siguen ganando espacio en las agendas de discusión de nuestra región y, al igual que las políticas públicas en este sentido, parecen ir mostrando más avances que retrocesos. Es así que al pasar balance de la situación continental en ocasión de este 28 de Septiembre encontramos que, si bien persisten condiciones muy graves de negación de derechos humanos de las mujeres, con su secuela de sufrimientos terribles e innecesarios, también divisamos elementos esperanzadores que podrán nutrir nuestros esfuerzos a lo largo del próximo año.

Por sus implicaciones políticas y estratégicas para el quehacer de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, cabe primero destacar los avances en materia de jurisprudencia internacional obtenidos en el último año, en particular:

• El otorgamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una Audiencia Temática Regional sobre Derechos Reproductivos de las Mujeres de ALC, solicitada por 12 organizaciones feministas de la región. En su declaración posterior la CIDH afirmó la necesidad de que se despenalice el acceso a los servicios de salud materna que limitan la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la salud de las mujeres, declarando explícitamente que la prohibición del aborto terapéutico “atenta contra la vida, la integridad física y psicológica de las mujeres”[1].

• El dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el caso de la joven argentina LMR, a quien se negó el derecho a interrumpir un embarazo que le correspondía de acuerdo a las leyes de su país. El CDH sentó así jurisprudencia sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación a los casos de aborto no punible[2].

• Las recomendaciones hechas a Nicaragua por el Comité de Derechos del Niño y la Niña en cuanto a la necesidad de despenalizar el aborto en los casos de embarazo resultante de incesto y de abuso sexual a niñas[3].

• Las recomendaciones hechas a El Salvador por el Comité de Derechos Humanos en cuanto a la necesidad de “revisar su legislación sobre aborto, tomar medidas para impedir que las mujeres que acuden a hospitales públicos sean denunciadas por el delito de aborto, así como suspender la incriminación en contra de mujeres por el delito de aborto”[4].

• La histórica decisión de la CEDAW en un caso de mortalidad materna en Brasil, donde el Comité estableció la obligación de los Estados de garantizar a todas las mujeres acceso a servicios oportunos, no discriminatorios y adecuados de salud materna[5]. Este es el primer caso sobre mortalidad materna decidido en instancias internacionales.

Estos logros en materia de jurisprudencia internacional -que nos recuerdan la importancia de seguir haciendo uso de los instrumentos y mecanismos internacionales de derechos humanos- tienen implicaciones importantes en varios sentidos. En términos políticos, son un avance importante en el proceso de desplazar la discusión sobre aborto desde el ámbito de la moral sexual al ámbito de los derechos humanos, lo que a su vez es condición imprescindible para laicizar las legislaciones sobre aborto de la región, históricamente sustentadas en premisas de carácter religioso.

En términos estratégicos estos avances constituyen un recurso valioso para sustentar nuestras exigencias y demandas frente a los Estados, empezando por aquellos países de la región (Chile, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador) donde la prohibición legal no admite siquiera el aborto terapéutico. Pero las graves irresponsabilidades en las que incurren los Estados en materia de salud y derechos reproductivos no se limitan a los países con las legislaciones más punitivas. También en aquellos lugares donde el aborto está despenalizado (Puerto Rico, el D.F. mexicano), así como en el resto de países de la región donde está permitido por causales, los Estados faltan sistemáticamente a su obligación de proveer servicios oportunos y de calidad, apelando a tácticas dilatorias (como la exigencia de certificaciones o las demoras en la expedición de documentos), promoviendo la objeción de conciencia por parte del personal de salud, restringiendo los presupuestos para los servicios de aborto y post-aborto, y denegando a las mujeres información oportuna sobre los servicios a los que están facultadas por las leyes del país.

La jurisprudencia internacional sobre derechos reproductivos en general, y aborto en particular, fortalece nuestra posición a la hora de presionar a los gobiernos para que den cumplimiento a los compromisos internacionales sobre la materia contraídos en Beijing, Cairo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyos plazos se encuentran en cuenta regresiva sin que en la mayoría de los países se vislumbre la necesaria responsabilidad gubernamental en materia de políticas públicas para su cumplimiento.

Por último, esta jurisprudencia puede ser utilizadas para reforzar nuestras denuncias ante las agresiones que sufren las defensoras de derechos humanos de nuestra región, las cuales van desde las amenazas telefónicas y el sabotaje sistemático de nuestras páginas de Internet, hasta las presiones a empleadores, la difamación pública y el asesinato. En efecto, para nuestro movimiento es una prioridad estratégica denunciar las agresiones llevadas a cabo por grupos ultraconservadores en toda la región, ante la indiferencia cuando no la complicidad directa de los gobiernos, con frecuencia azuzados por la retórica irresponsable de las iglesias que nos estigmatizan y nos difaman tachándonos públicamente de asesinas.

En varios países (incluyendo Brasil y República Dominicana) la Iglesia católica ha hecho campaña política abierta contra parlamentarias/os que se han mostrado a favor de la despenalización del aborto; asimismo han instigado a los gobiernos para que inicien persecuciones judiciales y hostiguen de diversas formas a los/as proveedores de servicios de aborto. Una de las manifestaciones más odiosas de la pusilanimidad de los gobiernos –cuando no de su complicidad directa- frente a estos sectores ultraconservadores se observa actualmente en El Salvador, donde en lugar de aplicar las penas de 2-8 años de prisión establecidas en el Código Penal para los casos de aborto, las autoridades judiciales con frecuencia tipifican el hecho como “homicidio agravado por parentesco”, a fin de lograr penas de hasta 30 años de prisión para las mujeres (casi todas muy pobres) acusadas de interrumpir sus embarazos.

Debemos evidenciar y denunciar los comportamientos vergonzosos y antidemocráticos de instituciones religiosas que se autoproclaman defensoras de la vida y paladines de la moral, al tiempo que promueven acciones encaminadas a aumentar el sufrimiento, la enfermedad y la muerte de mujeres y niñas de todas las clases sociales, pero sobre todo de las más pobres, que son siempre las principales víctimas de la denegación de derechos sexuales y derechos reproductivos. En este sentido es oportuno saludar los esfuerzos del número cada vez mayor de organizaciones que promocionan el uso correcto del misoprostol como método abortivo que reduce los riesgos de salud asociados a la clandestinidad. Visto el éxito de estas campañas de información, la reducción comprobada de la morbi-mortalidad asociada al método y el empoderamiento personal de las mujeres que el mismo promueve, es de esperarse una ofensiva a corto plazo por parte de las iglesias, ante la cual debemos estar en guardia.

Debemos por último saludar los avances observados en el último año en materia de investigación científica y registro de evidencias en la región. Los observatorios de mortalidad materna y los de políticas públicas, el registro de negligencia y/o abusos en la provisión de servicios de salud, los estudios cualitativos y las encuestas, etc., son materia prima indispensable para la construcción de las zapatas analíticas que subyacen las mejores estrategias políticas. A manera de ilustración, consideremos que varios estudios recientes han documentado la complejidad de los vínculos entre aborto y pobreza, ya no solo en lo que respecta a la mayor vulnerabilidad de las mujeres pobres frente a la ilegalidad, sino en relación al rol de la pobreza y los bajos niveles educativos como predictores de actitudes más conservadoras hacia al aborto[6]. La constatación de que los sectores pobres y menos instruidos son los más opuestos a la despenalización debe llevar al desarrollo de análisis más depurados y consecuentemente al planteamiento de estrategias políticas más efectivas.

La lucha por los derechos sexuales y los derechos reproductivos sigue enfrentando grandes retos en nuestra región, como atestiguan las estadísticas de muerte materna, morbi-mortalidad por aborto, embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual y otros. Muchos de los retos planteados en los Llamados a la Acción de años anteriores siguen teniendo plena vigencia (como son los referidos al fortalecimiento de redes/alianzas y a los problemas de financiamiento), y seguimos viviendo bajo la amenaza del fanatismo religioso que infecta cada vez más las instituciones políticas y sociales de la democracia. Pero como evidencia este Llamado a la Acción, también tenemos razones para la esperanza, para confiar en que nuestro compromiso con los derechos, el bienestar y la felicidad de las mujeres de nuestro continente pueda dar los frutos por los que luchamos y seguiremos luchando.