DOCUMENTO DE POSICIÓN DE REDES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL ACCESO IGUALITARIO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

MONTEVIDEO, URUGUAY, AGOSTO 2013

Con motivo de la revisión de los compromisos adquiridos hace 20 años en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en Cairo (CIPD), y con miras a la construcción de una nueva agenda de desarrollo que represente el mundo en el que todas y todos queremos vivir, las organizaciones y redes firmantes de esta declaración llamamos a los Estados reunidos en Montevideo en el marco de la I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe a tomar una postura dirigida a garantizar y respetar los derechos humanos de todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres a tener acceso a servicios de aborto legal, seguro, gratuito y de calidad sin discriminación, coerción o violencia.

Si bien reconocemos y hacemos nuestros los avances sustantivos que se han logrado a lo largo de estos 20 años de implementación del Programa de Acción de la CIPD, incluido el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos, la inclusión de los mismos en marcos normativos nacional, regionales e internacionales y la creación de políticas públicas que permiten un mejor acceso a la salud sexual y reproductiva en la región, aún hay muchas brechas que vencer. Además, los Estados de la región tienen compromisos y recomendaciones que honrar derivados de las Conferencias, tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos en la materia.

Entre los grandes pendientes consideramos que son dos los temas que ameritan una atención prioritaria. Por un lado, la despenalización del aborto que garantice el acceso igualitario a servicios de aborto legal, seguro y gratuito acompañados de una política pública que garantice su implementación eficaz y de calidad para todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Y por otro lado la instauración de Estados laicos que garanticen el actuar del mismo sin ninguna interferencia de posturas religiosas e ideológicas que afecten los derechos humanos de las mujeres. Estos pendientes son tan urgentes que ya no pueden esperar más, por las siguientes razones:

Latino América y el Caribe sigue siendo la región con mayor criminalización del aborto en el mundo, existiendo aún 7 países (Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haiti, Surinam y República Dominicana) que mantienen leyes que prohíben de manera absoluta el acceso a servicios de aborto.
Como resultado, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres viven serias y graves v violaciones a sus derechos humanos al ser víctimas de violencia institucional, en el sentido que:
Son obligadas a continuar con embarazos no deseados, incluso en casos cuando éste es resultado de violación, o que pone en riesgo su salud y su vida, resultando en la comisión de actos de tortura, como ya ha sido señalado por organismos internacionales de derechos humanos.
Como resultado de la denegación del aborto han visto afectada severamente su salud física, mental y emocional o han muerto. Estos han sido los casos, por ejemplo, de Esperancita en República Dominicana o de Beatriz en El Salvador. La diferencia entre estos casos es que Esperancita murió tras no recibir ningún tipo de atención, mientras que Beatriz vive con secuelas físicas y emocionales, tras recibir atención tardía solamente después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara medidas provisionales a El Salvador para garantizar el tratamiento médico adecuado para salvar su vida, después que el Estado se negara a cumplir en dos ocasiones con las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En otros casos la ilegalidad las ha orillado a buscar servicios inseguros que también han puesto en riesgo su vida y su integridad personal. En América Latina y el Caribe aproximadamente 11% de las muertes maternas son consecuencia de abortos inseguros y más de un millón de mujeres y niñas son hospitalizadas cada año para recibir tratamiento por complicaciones de aborto inseguro.
Algunas de las adolescentes, jóvenes y mujeres han sido estigmatizadas, criminalizadas y muchas han perdido su libertad. Tales son los casos documentados en El Salvador, Brasil y México, donde han sido denunciadas por prestadores de servicio quienes las han atendido ya sea por complicaciones de abortos inseguros, por simples abortos espontáneos, complicaciones de partos prematuros o emergencias obstétricas. Tras enfrentarse a un sistema de justicia represor y discriminatorio, que ha violado su presunción de inocencia, en algunos casos, se les ha impuesto penas mayores que van de los 20 a los 40 años de prisión, al ser acusadas por el delito de “homicidio calificado” (agravado) y “homicidio en razón de parentesco”. Este es el caso, por dar un ejemplo, de Teresita en el Salvador, quien actualmente se encuentra presa al recibir una sentencia de 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado, a pesar que lo que le sucedió fue una emergencia obstétrica.
Dicha criminalización disuade a las adolescentes, jóvenes y mujeres de recurrir a los servicios de salud cuando lo requieren poniendo nuevamente en riesgo su salud y su vida.

En aquellos países donde el aborto está permitido en ciertas circunstancias, siguen existiendo graves problemas de implementación de los servicios, ya sea por la falta de lineamientos claros para su aplicación, por falta de presupuestos destinados a estos servicios, por obstáculos normativos o de facto- algunos propiciados por la intervención de grupos fundamentalistas que están en contra del aborto-, o por la falta de acceso a información fidedigna, de calidad y basada en criterios científicos. Como consecuencia las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres se han visto impedidas de acceder a los servicios de aborto seguro, gratuito y de calidad.

La penalización del aborto afecta especialmente a mujeres jóvenes, pobres y que viven en condiciones de vulnerabilidad, pues son quienes cuando interrumpen sus embarazos lo hacen bajo condiciones de alto riesgo, siendo por tanto un tema de injusticia social y con profundas raíces en la discriminación por razones económicas, étnicas, de raza, de clase, de condición migratoria, entre otras.
Reconocemos que ha habido grandes avances en algunos países de la región, que han logrado despenalizar el aborto (Uruguay y el D.F. en México) o han ampliado el número de causales para acceder a él (Colombia). Sin embrago, también reconocemos que el riesgo de retroceso sigue presente y que las reacciones de sectores fundamentalistas se han exacerbado.

Las estrategias por obstruir el derecho de las adolescentes, jóvenes y mujeres a tomar las decisiones que afectan su vida privada y a tomar control sobre su propio cuerpo son cada vez más feroces, agresivas y amplias, logrando ocupar espacios que podrían impedir que se avance en el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres o que se retroceda en aquellos espacios que ya se han ganado gracias al esfuerzo de muchas voluntades, tanto de gobiernos progresistas como de las organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres.
En este sentido también es de preocupación que las defensoras de derechos humanos que defienden el derecho al aborto, los derechos sexuales y los derechos reproductivos y sus organizaciones son cada vez más estigmatizadas, amenazadas, atacadas o criminalizadas. Ejercer el derecho a defender los derechos sexuales y los derechos reproductivos y abogar por el derecho a decidir de todas las personas, hoy en día es un gran riesgo.

Así, a 20 años de espera necesitamos una respuesta contundente, sin titubeos ni medios acuerdos por parte de los Estados, que atienda y dé respuesta a las realidades que enfrentan las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres todos los días en nuestra región, por el simple hecho de vivir el proceso biológico del embarazo. YA BASTA de esperar 20 años más para que las niñas, adolescentes, jóvenes y las mujeres puedan decidir sobre sus vidas, empezando por sus cuerpos, y sobre cómo vivir.

Estamos seguras que NO se logrará reducir la morbi-mortalidad materna sin acceso a servicios de aborto legal, seguro, gratuito y de calidad. No podemos hablar de Estados democráticos sin el respecto de los derechos humanos de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en todas sus dimensiones y considerando su universalidad e indivisibilidad. No podemos seguir tolerando discursos de Estados que se dicen protectores de derechos humanos mientras ignoran esta realidad y que no dan frente a la situación.

¡HOY ES TIEMPO DE ACTUAR Y DE SER COHERENTES!

Las organizaciones firmantes llamamos a los Estados reunidos en Montevideo en el marco de la I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe a que se comprometan a:
Priorizar este tema en los acuerdos derivados de la Conferencia Regional, en cumplimiento de sus compromisos internacionales adquiridos previamente, tanto en Conferencias como en los tratados internacionales de derechos humanos y en consonancia con los estándares internacionales
Cumplir sin dilación alguna las recomendaciones hechas a los países de la región por los Comités de monitoreo de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano en esta materia.
Despenalizar el aborto, eliminar las barreras legales y de implementación para garantizar el acceso a los servicios integrales de interrupción segura, gratuita y de calidad del embarazo, libre de requisitos de tutela o consentimiento marital o parental.
Poner en libertad inmediata y cesar la criminalización de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, debidas a la penalización del aborto, en especial en aquellos países donde la prohibición es absoluta.
Brindar información de calidad, fidedigna y basada en criterios científicos sobre este tema a toda la población, sin discriminación alguna.
Eliminar las barreras socio-culturales que refuerzan estereotipos de género con respecto a la maternidad y que estigmatizan a las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, impidiéndoles tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su propio cuerpo. Garantizar, además, una educación integral para la sexualidad.
Garantizar el acceso a métodos de anticoncepción, incluida la de emergencia, de calidad, variados, amigables, de acuerdo a las necesidades de las adolescentes, jóvenes y mujeres, y garantizando la confidencialidad
Cesar el hostigamiento, la criminalización y las agresiones dirigidas a las redes, organizaciones civiles, feministas y a las defensoras de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Garantizar la seguridad e integridad de las defensoras amenazadas por mecanismos represivos del Estado o por grupos civiles portadores del odio y el fundamentalismo.

¡ABORTO LEGAL Y SEGURO, UN ASUNTO DE DERECHOS, UN ASUNTO DE DEMOCRACIA!

¡ABORTO ILEGAL, VIOLENCIA ESTATAL!

Redes y Organizaciones Firmantes:
Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe
Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR)
Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Campaña por la Convención de los Derechos sexuales y los derechos reproductivos
Red Latinoamericana y Caribeña de jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos/REDLAC
Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, España)
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora
Articulación Feminista Marcosur
Foro de Salud y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Chile)
Red de Mujeres Jóvenes por la Elección y el Placer
Coalición Salvadoreña de Mujeres Rumbo a Cairo + 20
Concertación Feminista
Plataforma Juvenil Salvadoreña por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
Colectiva Mujer y Salud ( República Dominicana)
Cotidiano Mujer ( Uruguay)
Colectiva de Mujeres jóvenes Teclenas MEZTLI
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (Colombia)
Red Nacional de Mujeres de Colombia
Ipas México
Mujer y Salud (MYSU) (Uruguay)
Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (México)
Pacto Nacional por la Vida, Libertad y Derechos de las Mujeres (México)
Punto Focal Campaña 28 de Septiembre (Guatemala)
INADE Joven (Guatemala)
Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género CPY-EC
Colectiva Salud Mujeres (Ecuador)
Jóvenes Ecuador Rumbo a Cairo +20
Feministas en Resistencia (Honduras)
Red Nacional de Defensoras (Honduras)
Círculo de Estudios Feminista (Honduras)
Articulacao de Mulhere Brasileiras (Brasil)
Red nacional feminista de Saude, Direitos Sexuais e Reprodutivos (Brasil)
Movimiento por una Cultura Laica (MCL) (EL Salvador)
Mujeres por la Asamblea Constituyente (Chile)
Observatorio de Equidad de Género en Salud (Chile)
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (El Salvador)
Alianza por la Salud Sexual y Reproductiva en El Salvador (ASSR)
Organización de mujeres Salvadoreñas por la paz (ORMUSA) (El Salvador)
Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP)
Frente Ecuatoriano por los Derechos Sexuales y Reproductivos
Centro de Estudios de Género de la Universidad del Salvador (CEG-UIES)
Concertación Feminista “Prudencia Ayala” (El Salvador)
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador)
Taller de Salud (Puerto Rico)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario (México)
Central Sindical Única (PIT-CNT) (Uruguay)
Centro de Documentaciòn de Estudios (CDE) (Paraguay)
Tierra Viva (Guatemala)
BECA (Paraguay)

Quién decide en su cuerpo

Por Tatiana Pérez Rivera /tperez@elnuevodia.com
publicado en endi.com

 (AP Photo/Andres Kudack)

“ Ah, ¿pero esto no es ilegal?”. La pregunta se repite durante la orientación a las mujeres de distintas edades que visitan clínicas de terminación de embarazos en Puerto Rico, con miras a practicarse un aborto.

Una decisión personal y privada, vinculada al funcionamiento del cuerpo femenino, a su salud, a los placeres o las dolencias que este experimenta puede tomarse libremente en Estados Unidos y sus territorios desde el 1973, año en que para ello sentó precedente el caso Roe vs. Wade. El mismo supuso una victoria para las luchas feministas que en la época perseguían alcanzar cambios en los roles tradicionales destinados a la mujer.

Puerto Rico, incluido en la definición, además cuenta con otro precedente local: Pueblo vs. Duarte, caso en el cual nuestro Tribunal Supremo no condenó en el 1980 el aborto a una menor y tampoco limitó la práctica por trimestres como propone Roe vs. Wade.

Cuarenta años cumple el caso que forzó la discusión del aborto como un asunto de salud pública en Estados Unidos. Que aquí una mujer tema hoy que al abortar hace algo ilegal demuestra que en cuatro décadas el asunto se ha discutido lo menos posible en la Isla y que el Estado envía mensajes contradictorios.

“Roe vs. Wade está malherido, pero está vigente porque le sigue garantizando a la mujer el derecho constitucional al aborto”, explica la abogada Patricia Otón Olivieri, presidenta de la junta directiva de Pro Familia, organización sin fines de lucro que ofrece servicios de aborto, planificación familiar y cuidado prenatal.

“Ahora cualquier restricción se analiza desde el punto de vista que no represente una carga indebida al ejercicio del derecho, es más subjetivo. En algunos estados se ha impuesto un tiempo de espera antes de que la mujer se practique un aborto”.

En Puerto Rico la contradicción radica en que, por un lado, el aborto es un derecho constitucional garantizado y, por el otro, explica la licenciada Otón, el Código Penal lo ha mantenido como delito, exceptuando el realizado por motivos de riesgos de salud y vida de la madre, entre otras.

“Para mí es letra muerta, pero tenemos un problema”, señala Otón, especialista en derechos sexuales y reproductivos, “porque confunde a la ciudadanía que el Gobierno mantenga vigente una prohibición que es inconstitucional. Se presta a que digan que el aborto es un delito, lo cual no es cierto. Como decía una colega, Alice Colón, ‘la legalidad no es suficiente’. Queda mucho por hacer”.

Lo mismo piensan otros sectores. Porque sucede que el mismo asunto aún se ve desde dos parcelas definidas y ubicadas en extremos contrarios: los que consideran que lo que lleva la mujer en el vientre, por decir, a las diez semanas de embarazo, es una vida versus los que destinan la palabra vida a los nacidos. Y si la palabra vida entra a la ecuación, las leyes religiosas se suman a la discusión.

“Dos generaciones ya se han criado desde esa decisión del Tribunal y muchos jóvenes dan por sentado que tienen derecho al aborto. Pero se están dando nuevas tomas de conciencia. Esa decisión fue un error trágico para la humanidad: hablamos de 55 millones de bebés asesinados desde el 1973 hasta hoy”, lamenta Eduardo García Rexach, abogado e integrante de la Alianza de Juristas Cristianos.

El jurista cristiano señala que en la Isla es difícil para el Gobierno hacer valer la prohibición en el Código Penal del aborto (autoinfligido o no realizado por médicos diestros), “porque a la hora de la verdad prevalece Roe vs. Wade” y agregó que debe legislar sobre el aborto.

“Sigue siendo un crimen”, dice, de otra parte, el reverendo William Hernández, presidente de la Fraternidad Pentecostal. “Yo sé que aquí la mayoría de las personas piensa que no es un asunto de elección, sino un abuso contra aquellos que no pueden defenderse. Nuestra meta es seguir concienciando a las nuevas generaciones”.

Su defensa va atada a la noción cristiana de la vida que sigue siendo materia de debate científico.

“Cuando la persona entiende que a ese feto ya Dios le infundió espíritu y alma, se dan cuenta de que no es simplemente una masa sin vida”, insiste Hernández.

Por eso el pastor subraya que debe comprenderse que la decisión “también le hace mal a la madre emocionalmente, porque toda su vida arrastra esa decisión”.

Para las que así se sienten, monseñor Wilfredo Peña instauró el Monumento de los No Nacidos en la Parroquia Santa Bernardita que lidera en Carolina. En entrevistas previas, el sacerdote ha comentado que el lugar es visitado por mujeres que no han hecho las paces con la decisión tomada.

Desde la iglesia, un grupo de feligreses ha gestado el Proyecto Raquel, el cual viabiliza la construcción de una residencia para albergar mujeres mientras estén embarazadas, con miras a evitar abortos.

Estos valores religiosos, que no ceden en la defensa del feto, contribuyen a que el aborto aún se perciba en la Isla “como una practica estigmatizada”, opina Carlos Rodríguez, catedrático auxiliar de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

“Pero el hecho de que legalmente se viabilice la práctica ha provocado que las visiones hacia ella cambien. Aunque creas que algo es bueno no es lo mismo que sea legal, le quita un peso negativo”, declara el profesor Rodríguez.

“Yo creo que dos cosas han cambiado”, subraya positiva Norma Cartagena, coordinadora programática de la clínica IELLA, que ofrece servicios prenatales y abortos en Río Piedras.

“Primero, que algunos políticos se mantengan neutrales ante el tema del aborto es reconocer que un sector de la sociedad lo acepta. Segundo, aunque falta más información en la calle, la gente sabe que existimos, que no somos clínicas clandestinas. Quizá no lo quieren hablar, pero saben que damos un servicio seguro”, indica Cartagena.

Ocho clínicas privadas de terminación de embarazos están establecidas en la zona metropolitana. Las mismas son certificadas por el Departamento de Salud que les exige cumplir con parámetros de limpieza y seguridad, entre otros, para ofrecer el servicio. Todas realizan abortos entre las 12 y 16 semanas de gestación.

El poder de decidir

“Yo te aseguro una cosa, si quienes escribieran las leyes que regulan qué se hace en el cuerpo de la mujer pasaran los mismos procesos que ellas, las leyes serían muy distintas”, reflexiona el doctor Héctor Díaz, quien en su clínica situada en Bayamón practica abortos desde la década del sesenta.

Comenta que más de cuarenta años atrás, la terminación consistía de “interrupción (con medicamentos), inducción y curetaje”. A partir de la década del setenta se integró la máquina de succión de alta capacidad en el proceso.

Por un tiempo su usó el método químico RU-486, un “antagonista de la progesterona”, como lo describió Díaz, “y al esta ser bloqueada, la placenta no se desarrollaba”. Otros medicamentos como las tabletas Misoprostol y Citotex eran parte del proceso. Podía realizarse tan temprano como en las siete semanas de gestación.

Dificultades con el protocolo –se requería la colocación de varias pastillas– así como el alto costo de las mismas lograron que cayera en desuso. La aspiración es, desde entonces, el método estándar en la mayoría de las clínicas. A grandes rasgos, se vale de una máquina de succión a la que se conectan cánulas flexibles, con una abertura en su parte superior con las que se aspira el feto fuera del útero. Al finalizar se realiza un raspe en el útero.

El procedimiento dura entre cinco y ocho minutos. La anestesia utilizada es local y la sedación es opcional.

“Cuando estas pacientes llegan aquí, tienen lo que ellas llaman un problema. Han buscado todo tipo de solución y ya han asumido esa opción. Yo siempre hablo con ellas antes para asegurarme de que no están presionadas porque, si lo están, tranquilamente les digo ‘no te voy a atender’”, indica Díaz quien asegura que en “más de 200 mil procedimientos nunca he tenido una perforación de útero”.

“Porque, ¿sabes qué?, de esto se trata, de decidir qué hacer con tu cuerpo; que no te mande ni tu papá, ni tu mamá, ni el novio, ni el cura, ni el ministro. Este siempre es el último recurso porque, por Dios, ninguna mujer quiere pasar por un aborto”, insiste el médico.

Díaz va más lejos al asegurar que es fácil para la sociedad señalar el trabajo que realiza en su clínica, pero no se ocupan, por ejemplo, de la educación sexual requerida para evitar que las pacientes lleguen a ella.

“Nadie les habla de sexo ni protección y están activas sexualmente desde bien temprana edad. Este tema sigue siendo el mismo tabú hace cuarenta años y se debe al radicalismo religioso. Yo no es que sea ateo, pero no creo en ese Dios que cree el papa”, insiste Díaz. “Tú no puedes forzar a una persona a que crea en lo que tú crees. Ella tiene que poder decidir”.

Educación y prevención

El profesor Carlos Rodríguez, del Recinto de Ciencias Médicas, coincide en la apuesta por la fórmula educación/prevención. Insta a que se aprovechen las escuelas para hablar de educación sexual.

“Es un espacio fabuloso para llevar un mensaje estructurado y adaptado a las necesidades desde la iniciación sexual, la prevención de enfermedades de transmisión sexual o embarazos, y la constitución familiar. Ese es el plan de país que no tenemos respecto a la política de educación sexual”, señala Rodríguez.

Para el educador, que la mujer sepa que el aborto es un derecho, que puede decidir sobre su cuerpo y su salud, “es el valor añadido más importante que trae Roe vs. Wade”.

La adopción

Ildefonso Rivera Morales es consejero en la clínica IELLA y señala que las primeras preguntas que le realizan las pacientes es si el procedimiento es legal, si quedarán estériles y cuánto les dolerá.

Le cuentan de sus proyecciones de vida y desahogan sus razones para no poder lidiar con un embarazo en esos momentos. “Necesitan apoyo porque es una decisión importante. Les damos un trato digno, humano”, afirma.

Rivera detecta a las que arriban “obligadas”.

“Te das cuenta porque no te miran a los ojos, por el parafraseo memorizado que usan. Si las sacas de él, no te saben contestar”, afirma.

Su prioridad es orientar sobre todas las alternativas: desde adopción hasta terminación. “Hay que ser sensibles y tener empatía”, afirma el consejero.

Justo la adopción es una de las alternativas que ha contado con la bendición del Estado y de la Iglesia.

“Pero todavía lo ven como que van a regalar al hijo”, menciona la trabajadora social de la Casa Cuna San Cristóbal, Sasha Rivera, “y les explico a esas madres que es una entrega voluntaria, una decisión responsable”.

“Con la campaña publicitaria que tiramos el año pasado, hubo un incremento en los casos de entregas voluntarias. Antes era uno o dos al año y el año pasado trabajamos diez de los que se completaron seis. Eso es muchísimo para nosotros”, señaló Rivera.

La edad de las mujeres que cedieron sus hijos recién nacidos a otras familias oscila entre los 32 y los 37 años.

Tres Historias y muchos recuerdos

Parece mentira. Aún en esta historia no han hablado las mujeres sobre lo que hicieron con sus cuerpos. Muchos porqués y bastantes recuerdos marcan sus relatos.

Olga, de 37 años, se ha sometido a tres abortos y parió dos hijos que hoy son jóvenes que ya alcanzaron la mayoría de edad. La suya es una historia marcada por la falta de orientación y por la creencia propia de la juventud de que todo le puede pasar a otro menos a uno.

La primera vez fue a los quince años. Tenía miedo y no quería que nadie lo supiera. Lloró mucho. Su novio estuvo de acuerdo, ella buscó la información y se practicó el aborto. Sus padres no lo supieron.

A los 16 años quedó encinta de nuevo del mismo novio, pero tuvo el bebé. En la cuarentena de ese parto quedó encinta de nuevo y tuvo el segundo. A los 19, de ese novio que les daba apellido a los nenes pero ni atención ni un centavo, nuevamente quedó encinta. Esa vez su mamá la acompañó a abortar.

Una vez más repitió el procedimiento, ya a los 22, con otra pareja. Nunca sintió molestias físicas relacionadas a los abortos. No se protegía porque no pensaba que le sucedería nuevamente y en su familia no se hablaba de ese tema.

“Después que tuve los nenes era más difícil, lloraba mucho. Pero para mí era una irresponsabilidad traer hijos al mundo si no les podía responder y yo me estaba partiendo el lomo sola para levantar esos dos nenes”, dice.

Hace dos años su mentalidad cambió drásticamente. “Ahora pienso ‘si Dios lo puso ahí tienes que asumir tu responsabilidad’ porque es una vida. Sentí total arrepentimiento y me sentí perdonada. Me gustaría ver a mis bebés en el cielo”, revela Olga.

A Karina, hoy de 22 años, su papá la obligó a abortar cuando a los quince años quedó embarazada de su novio de 22 años. Lo ocultaron a la madre de Karina porque no lo hubiera aceptado y lograron que una madrina obtuviera un poder legal para llevarla a la clínica, ya que el padre no se atrevía. La joven estaba muerta del miedo.

“No sé si fueron los nervios pero me puse a mirar la máquina del sonograma y vi al bebé cómo trataba de escaparse de la aspiradora. Algo me halaba por dentro. Todavía conservo la foto del sonograma de ese bebé. Fue bien difícil para mí”, narra Karina.

Al año quedó encinta del mismo novio –quien no quiso que usaran los métodos anticonceptivos que les ofrecieron en la clínica “porque eso era para chillos”- y decidió tener el bebé que hoy tiene cinco años. Hace diez meses tuvo otro bebé con otra pareja.

“Duele. Ahora cuando veo mis dos hijas pienso cómo hubiera sido aquel bebé”, asevera Karina.

Amarilis tiene 27 años y estudia en el exterior su maestría. Siempre usaba pastillas anticonceptivas, pero quedó embarazada de un joven con el que salía a los 22 años.

“Creo que se me olvidó tomarme la pastilla. Cuando lo supe quedé en shock, pero yo no podía parirle un muchacho a esa persona que no era nada responsable. Estaba clara que no era la persona ni era el momento. Fue bien doloroso el procedimiento para mí”, recuerda.

Amarilis, que contó con el apoyo de su mamá, no se ha arrepentido de su decisión. “Yo hubiese preferido nunca estar en esa posición, pero no podía permitir que un accidente cambiara el rumbo de mi vida. No era justo tampoco que tuviera ese padre”, dice sobre el proceso que se realizó a las doce semanas de embarazo y el cual recuerda cada año con cierta melancolía.

A la clínica la acompañó su amiga Anahí, entonces de 21 años. “Ella tomó la decisión con el respeto y la delicadeza que lo requería. Lo lloró, lo sufrió y tuvo su luto. No fue una decisión ligera ni pequeña. Yo la apoyaba en lo que decidiera”, manifiesta Anahí.

Esta pide que exista la posibilidad de escoger. “Rezo por no tener que estar en esa posición tan difícil, pero te digo: yo fui víctima de una violación y si hubiera quedado embarazada no lo hubiera pensado ni un segundo”, dice Anahí sobre el aborto.

Sin querer volvimos al principio. Una mujer debe tomar una decisión.

Roe VS. Wade

Esta fue la decisión histórica de la Corte Suprema estadounidense anulando una interpretación de la ley sobre el aborto en Texas que convirtió el aborto en una práctica legal en Estados Unidos. Tomada el 22 de enero de 1973, la decisión permite que una mujer, con su doctor, puede practicarse un aborto en los primeros trimestres del embarazo sin restricciones legales y, con restricciones, en los próximos trimestres, basado en el derecho a la privacidad. Hasta entonces el aborto no era legal en todos los estados y era limitado por la ley en otros, por lo que quedó uniformada la ley.

El contenido central de Roe v. Wade es que el aborto debe ser permitido a la mujer, por cualquier razón, hasta el momento en que el feto se transforme en “viable” o capaz de vivir fuera del útero materno sin ayuda artificial. La viabilidad se coloca cerca de los siete meses (28 semanas) pero puede ocurrir antes, incluso en las 24 semanas. Después de esta “línea de la viabilidad”, la Corte sostuvo que el aborto debe estar disponible cuando sea necesario para proteger la salud de la mujer.

Fuente: womenshistory.com

CRONOLOGÍA

1970

En busca de un aborto legal, Jane Roe, de 21 años, radica una demanda en contra del Ministerio Público –representado por Henry Wade– en la Corte de Distrito de Dallas, Texas. La corte texana decidió a favor de Roe

13 de diciembre de 1971

Una apelación de la decisión de la Corte de Distrito envió el caso a su primera ronda de presentación de argumentos en la Corte Suprema de Estados Unidos.

11 de octubre de 1972

El caso fue reabierto debido a la llegada tardía de los jueces Powell y Rehnquist al caso.

22 de enero de 1973

La Corte Suprema finalmente decide sobre Roe vs. Wade, 410 U.S. 113, por una mayoría de 7 a 2. La corte determinó que bajo la enmienda 14 la mayoría de las leyes sobre el aborto en Estados Unidos eran inconstitucionales. Específicamente señaló que hasta que el feto esté viable –o sea capaz de vivir fuera del vientre materno, lo que usualmente sucede entre la semana 24 y la 28– una mujer puede practicarse un aborto por cualquier razón.

Fuente: The Chicago Women’s

Born Alive Infant Protection Act 2002

Radicada en el Congreso y firmada por el presidente George W. Bush, ofrece protección legal a un infante que nace vivo luego de que sobrevive un aborto inducido. Protege su vida, ya que la práctica era dejarlo morir. La gestora de esta ley fue la enfermera Jill Stanek.

Relatos extremos

22 Weeks, The Movie

El joven cineasta boricua Ángel Manuel Soto escuchó una historia que despertó su curiosidad lo suficiente como para convertirla en un cortometraje. Una mujer víctima de una violación viajó a Orlando en el 2005, donde se practicó un aborto a las 22 semanas de gestación. Por alguna razón el bebé nació vivo y la mujer inició un desesperado intento por mantenerlo vivo. La odisea la narra en 22 Weeks, The Movie.

“A ella le entró lo que consideró el instinto materno de salvarlo”, dice Soto.

Lo sabe porque conversó con ella quien, en principio, fue esquiva y luego le agradeció que no la presentara “como un monstruo”.

El corto lo presentó en el Capitolio en Washington ante líderes pro elección y pro vida, luego que ambos sectores se atrincheraran en las campañas presidenciales de Barack Obama y John McCain. Todos encontraron aciertos y críticas.

“Lo hice buscando el gris entre los extremos, pero de que hubo gente que cogió pon en contra del aborto sí pasó, en parte por ignorancia mía”, aceptó Soto quien reconoció que uno de los inversionistas del proyecto era activista contra el aborto.

Maternidad imposible

Irene Vilar, escritora y agente literaria puertorriqueña, narra en este libro la “perversión que desarrollé con mi fecundidad”, que la llevó a abortar 15 veces a lo largo de 17 años, según contó al periodista Ismael Cala de la cadena CNN en español.

Vilar, nieta de la líder nacionalista Lolita Lebrón, insta a que el relato se entienda desde el marco de la neurosis.

“Existe el autocastigo y desde ese contexto podemos entender a esa chica de 16 años con pocas herramientas emocionales que va a estudiar a la universidad y comienza una relación con un profesor 35 años mayor que ella”, narra.

Este le vendió la idea de que para permanecer con él y para ser exitosa profesionalmente no podía tener hijos. “Muchas chicas jóvenes hacemos pactos terribles y yo compre ese cuento”, declara.

Se embarazaba para desafiar ese pacto; pasaba de la euforia de tener una relación de amor con su bebé al pánico de que su pareja la rechazara.

“Entre los 16 y los 29 años me embarazo una y otra vez como un acto de rebeldía”, afirma la mujer que hoy tiene un esposo, dos hijas y vive en Estados Unidos.

“Sé que moriré con el peso de estas vidas interrumpidas que fueron parte de mi automutilación”, culmina Vilar.

Manifestación- 40 Aniversario de Roe v. Wade

En 1973 el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció mediante opinión que toda mujer tiene derecho a interrumpir un embarazo no deseado. Desde ese momento, el aborto es legal tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. A pesar de ello, y como resultado de las presiones de los sectores fundamentalistas sobre los legisladores, el aborto se mantiene tipificado como delito en el Código Penal. El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico recalca que el aborto es un derecho que tiene toda mujer en Puerto Rico y exige al Estado garantice un procedimiento accesible para todas las mujeres en la Isla. De igual manera, exige libre acceso a la información sobre derechos reproductivos y sexuales para garantizar que toda mujer en Puerto Rico conozca que la interrupción de embarazo es una alternativa disponible bajo nuestro estado de derecho. Por último, exigimos que se enmiende el Código Penal para excluir el aborto de las conductas tipificadas como delito. Es por ello que, como todos los años, se convoca a organizaciones e individuos a una manifestación/concentración en el Lado Norte del Capitolio no sólo en conmemoración del 40 Aniversario de esta histórica decisión sino también para visibilizar las deudas pendientes que tiene el Estado en cuanto a accesibilidad y educación sobre el derecho que toda mujer tiene a interrumpir un embarazo no deseado. Este lunes, 21 de enero de 2013, a las 4pm estaremos en el Lado Norte del Capitolio. ¡Únete! ¡No faltes!