29 de diciembre de 2011

Por el derecho a decidir. Cecilia Olea Mauleón*

 01/12/2010
Tomado de RSMLAC.ORG

Fuente: Cuadernos Mujer Salud 9. Cuerpos autónomos, vidas soberanas. Mujeres y derecho al aborto libre y seguro. Santiago, RSMLAC, 2004.
Por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sexualidad
El aborto no es un gusto es el ultimo recurso
Aborto libre y gratuito


Estas fueron algunas de las consignas que acompañaron las plataformas de lucha (Hoy agendas) del movimiento feminista de la década de los 70. Lo privado es político, develó las relaciones de poder al interior del espacio domestico y colocó aspectos de él como parte de la agenda pública y situó al cuerpo como sujeto político.

Afirmar que la construcción de la afectividad alrededor de la maternidad no +era parte de la naturaleza sino que era una construcción cultural y social, remeció los cimientos sobre los cuales descansaba el llamado destino natural de la mujer. Reclamamos el derecho a decidir en el espacio público (participación en la política), igualdad en el espacio productivo (a igual trabajo igual salario), a relaciones igualitarias en el espacio domestico e inscribimos la propiedad sobre nuestros cuerpos, como sinónimo de ejercer la facultad de sentir placer desde nuestros deseos, de decirle a él o a ella que no o que si y cómo.

El cuerpo como territorio propio fue una de las grandes subversiones, ya no eran los otros los que decidían el cuando, como y por qué, nosotras nos dimos la facultad de negociar desde nuestros afectos, sentimientos y deseos. Significó afirmar que ejercemos nuestra sexualidad y que sexualidad y maternidad son dos deseos que no necesariamente se encuentran, cuestionando el mandato del patriarcado: la mujer como propiedad y la maternidad como destino, y de muchas de las religiones: la sexualidad para la reproducción.

La maternidad no es un destino inevitable sino una decisión. Es por ello que el feminismo exigió y exige el derecho a interrumpir un embarazo en condiciones seguras, con adecuada atención sanitaria, acompañamiento psicológico y sin poner en riesgo la libertad individual ni el ejercicio profesional. No es que a las feministas de pronto se nos ha ocurrido levantar una lucha contra la maternidad, muy por el contrario defendemos el aborto seguro y legal como derecho porque defendemos el derecho a la maternidad segura y deseada. La prohibición del aborto, su penalización lleva a que este se realice en condiciones de clandestinidad poniendo en riesgo la vida de la mujer. Permite que las mujeres que tienen posibilidad de pagar un aborto seguro no corran riesgos y quienes no cuentan con las condiciones económicas de pagarlo tengan que recurrir a métodos que ponen en riesgo su vida y su seguridad. En otras palabras, es una política que claramente castiga a las mujeres pobres y que culpabiliza a todas las mujeres y hombres que intervienen en este proceso.

El derecho al aborto seguro contiene otra serie de aspectos fundamentales del ejercicio de la sexualidad. El derecho a la salud y, por lo tanto, a la atención de calidad, segura y oportuna. El derecho a la información sobre nuestro cuerpo, métodos anticonceptivos, sexo seguro. El derecho a decidir cuando ser madres, o a no serlo. Pero sobre todo, el derecho a ejercer la sexualidad separada de la reproducción.

Como coreaban las feministas mexicanas “el aborto no es un gusto, es el ultimo recurso” y “métodos anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir”. Reclamamos políticas públicas que garanticen la decisión sobre la reproducción y que reconozcan que la sexualidad y la reproducción no caminan de la mano.

A diferencia de hace treinta años, cuando los establecimientos de salud no proveían métodos anticonceptivos, hoy en nuestra región hay una cobertura de métodos. Entonces, ¿nos preguntamos por qué ocurren embarazos no deseados? Ausencia de políticas públicas de educación, salud, justicia en sexualidad. Falla en los métodos anticonceptivos. Obstáculos para el acceso a los métodos. Pero también es el resultado de no asumir que la sexualidad, y la afectividad que la acompaña, son parte constitutiva de nuestra vida. No son situaciones que se planifican. Tenemos que hacernos cargo de nuestra sexualidad, aceptarla, protegerla, y ejercerla como una dimensión constitutiva de nuestra identidad y no solo como el resultado de un largo o fugaz enamoramiento, promesa de matrimonio y divorcio consensuado.

El ejercicio de la sexualidad no es un campo para lo normativo, sino un campo para ejercerla de forma segura, libre. Se trata de construir las garantías legales, sociales, afectivas y culturales que nos permitan un ejercicio enriquecedor de la sexualidad.

Estrategias para lograr el derecho al aborto seguro

El derecho al aborto acompañó las plataformas de lucha del feminismo en los años 70 y parte de los 80. Posteriormente las luchas por el derecho a la salud, a la información, a la ciudadanía, desdibujaron esta demanda. Durante el V Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, en Argentina, se decide instituir una campaña por el derecho a acceder a abortos seguros y legales.

Las estrategias que se han utilizado han sido múltiples. Haber logrado como consenso internacional que el aborto sea considerado como un problema de salud pública refleja uno de los avances. Así mismo, en algunos de nuestros países se ha despenalizado el aborto por causal, ya sea por violación, por poner en peligro la vida de la madre o por malformaciones del feto.

Más que hacer un recorrido por las estrategias quisiera plantear algunas interrogantes desde lo recorrido.

Los avances de la ciencia han permitido que desde hace 40 años contemos con métodos anticonceptivos seguros pudiendo ejercer la sexualidad sin riesgo de reproducción. Pero también el misterio que se escondía en el útero materno fue develado con la ecografía. Las imágenes que muestran las ecografías y que son una de las mejores herramientas con los que cuentan los grupos antiaborto, tienen un impacto muy fuerte en las mentalidades. Se equipara al embrión con un ser humano y se considera a la mujer como un medio en el cual se aloja ese ser humano.

A la base de este imaginario está la concepción que decidir procrear es un mandato divino, que óvulo y espermatozoide al convertirse en un embrión, este prácticamente adquiere el carnet de identidad. Las personas, en este caso particularmente las mujeres, somos consideradas solo como instrumentos del mandato divino sin ninguna facultad para decidir.

Los debates sobre cuando comienza la vida nos han colocado en una trampa porque desde el punto de vista biológico en innegable que un espermatozoide y un óvulo tienen vida. La gran diferencia es cuando existe un ser humano.

¿Qué se esconde detrás de elevar al embrión a ser humano? Que la procreación es un mandato divino y no un acto humano. Pero también se esconde el culto a una supuesta inocencia humana como sinónimo de pureza que el ser humano conforme crece la pierde pero que siempre la añora. En otras palabras, se esconde una añoranza a la irresponsabilidad y un deseo de no hacernos cargo de nuestras decisiones, de aceptar que las decisiones son mandato divino.

Esta dimensión nos desafía a colocar el debate en otro campo, es decir, en el campo que la mujer no es un simple medio para la procreación sino que la procreación es un acto humano. Que el feto es un feto y no un ser humano. Por lo tanto, estamos hablando del derecho de la mujer a decidir.

Quien sostiene el mandato divino de la procreación en nuestra región es la Iglesia Católica. El laicismo como propuesta política es uno de los grandes desafíos que se nos presenta, adquiere una gran complejidad al vivir en países con crisis de institucionalidad donde la Iglesia Católica aparece como la única institución confiable, y además una región donde la Teología de la Liberación ha dotado a la iglesia de una identidad común con quienes tienen mayores obstáculos para ejercer sus derechos. ¿Es la Iglesia Católica parte de la sociedad civil? ¿Tiene derecho como iglesia a intervenir y opinar sobre problemas políticos? ¿Como construir un laicismo sólido?

Dentro del movimiento feminista muchas veces nos hemos enredado en grandes discusiones aparentemente de principios entre legalización del aborto y despenalización del aborto. Creo que es un falso dilema en la medida que desgasta nuestras energías en cómo demandar el derecho y no en cómo colocar el derecho como parte de la agenda pública. El desafío que tenemos como movimiento es construir canales institucionalizados de debate que expresen nuestros matices pero que no paralicen la acción pública. Mientras nosotras debatimos si es libre, gratuito o aborto por causal, el mundo público consolida un imaginario en el cual la causa del aborto aparece como la expresión de la perversión y maldad de las mujeres y no como el último recurso ante un embarazo no deseado.

Algunas de las tensiones

La prohibición del aborto castiga doblemente a las mujeres que no tienen acceso a recursos económicos, institucionales y afectivos. Son ellas las que lo realizan en condiciones de clandestinidad e inseguridad para sus vidas. Las mujeres pagamos un precio muy alto por el disciplinamiento coercitivo de la sexualidad que se expresa en débiles políticas sobre métodos anticonceptivos, en sanciones morales a nuestra conducta y en la muerte por intervenciones hechas condiciones de riesgo.

En sociedades que discriminan a la mujer, muchos de los embarazos no deseados son consecuencia de situaciones de violencia, de violaciones e incestos. La negación del aborto viola los derechos de las mujeres a la libertad, la autodeterminación y la integridad física.

Muchos sostienen que el aborto pone en conflicto los intereses del feto y los de la mujer. Esta afirmación equivale a equiparar los derechos de un ser humano con los de un posible ser humano. Como sostiene Mary Anne Waren “Como organismo vivo aunque no sensible, el feto del primer trimestre no es todavía un ser con interés en seguir vivo. Al igual que óvulo sin fecundar, puede tener el potencial de convertirse en un ser sensible. Pero esto significa solo que tiene el potencial de convertirse en un ser interesado en seguir vivo, y no que ya tenga tal interés…en la práctica es imposible conceder derechos morales iguales a los fetos sin negar los mismos derechos a las mujeres”. Este dilema se mueve equiparando los derechos, la sensibilidad, el raciocinio de ser ya formado versus la potencialidad de un posible otro. Las mujeres que quedan embarazadas son ya personas a diferencia de los fetos.

Debemos develar la doble moral que se esconde detrás de las leyes que penalizan el aborto, la complicidad con la muerte de mujeres como consecuencias de abortos clandestinos e inseguros. La exclusión de mujeres sin recursos económicos e institucionales para acceder a abortos seguros y, por lo tanto, la sentencia a las mujeres pobres de poner en riesgo su vida o de tener hijos no deseados.

Hay que hacer un recorrido por nuestros sentimientos porque muchas veces expresan de forma abierta o velada una dificultad para tratar el tema en el espacio público. Tenemos que generar información con impacto en la opinión pública y crear debate a través de la generación de conocimiento confiable. La labor de persuasión y convencimiento a los decisores de políticas tiene que ir acompañada con la creación de un movimiento que sostenga esta propuesta ciudadana.

No debemos mediante el silencio convertirnos en cómplices de la muerte de miles de mujeres.

* La autora, feminista peruana, tuvo a su cargo la Coordinación Regional de la Campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Integra el Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”.

En libertad el presidente de Provida Madrid detenido por "desobediencia"


El activista antiabortista estaba manifestándose frente a una clínica y ha sido reducido por cinco agentes al salir de la zona autorizada F. Javier Barroso 28 DIC 2011 Madrid El activista antiabortista y presidente de la asociación Provida de Madrid, Jesús María Poveda, ha sido detenido esta mañana en una manifestación contra el aborto ante una clínica Dator de Madrid. Acusado de "desobediencia y resistencia a la autoridad", el hombre de 54 años ha sido trasladado a la comisaría de Tetuán, según ha informado la Jefatura Superior de Policía. En torno a las ocho de la tarde, Poveda ha sido puesto en libertad.

La detención se ha producido después de que la clínica llamase a la policía para que controlara la protesta de una veintena de personas frente a su puerta, en la calle Hermanos Gárate. Cuando han llegado los agentes antidisturbios, los manifestantes provida se han sentado y se han abrazado. La policía les ha sacado uno a uno de la zona y les ha colocado en la acera de enfrente. Poveda ha sido detenido porque, según fuentes policiales, se ha negado a permanecer al otro lado de la calle y ha vuelto a ponerse delante de la clínica. Activistas provida han grabado y colgado un vídeo en YouTube con imágenes sobre el momento de la detención:




La concentración estaba convocada a las nueve de la mañana por Jóvenes por una Causa (JxC), HazteOir.org Jóvenes y Unidos por la Vida. Tenían previsto manifestarse y animaban a participar en actos conmemorativos este miércoles en recuerdo a las "víctimas" del aborto, como suelen hacer cada año con motivo de la celebración del Día de los Santos Inocentes. Además, estas asociaciones invitan "a cualquier joven que comparta un interés por los derechos humanos fundamentales y que crea en el derecho inalienable a la vida" a acudir a esta concentración y a todas las actividades en defensa de la vida que se convoquen en el día de los Santos Inocentes y en los próximos meses. Agradecemos el enlace a RSMLAC.

26 de diciembre de 2011

Tomado de bbc.co.uk
Domingo, 25 de diciembre de 2011

El gobierno de Perú reabrió una investigación sobre un polémico programa de control de la natalidad mediante la esterilización. El anuncio les trajo nuevas esperanzas a muchos hombres y mujeres que sienten que sus derechos fueron violados.

"¡Ustedes paren como chanchos, o cuises!".
Aurelia Paccohuanca recuerda esas palabras pronunciadas por las enfermeras cuando ella se opuso a aceptar la supuesta solución a la pobreza extrema de Perú.

"Como yo ya tenía cuatro hijos, me dijeron que no podía tener más. Pero yo no quise y les dije que no quería ser esterilizada", dice la señora Paccohuanca.

Corría octubre de 1998, en una zona rural cerca de Cuzco, una zona pobre de la sierra peruana cuyo idioma predominantemente es el quechua.

Después de semanas de tratar de evitarlos, Aurelia Paccohuanca se enfrentó a las enfermeras de nuevo.
"Estuve escapándome, pero me alcanzaron con la ambulancia y a la fuerza me subieron".
Aurelia Paccohuanca cuenta que la llevaron a una clínica y le pidieron que entrara a una sala.
"Me hicieron quitar toda la ropa. Tenía miedo y nervios. Me puse a llorar".

Investigación parlamentaria

Una comisión parlamentaria independiente establecida en 2002 concluyó que el gobierno de Alberto Fujimori esterilizó a 346.219 mujeres y 24.535 hombres en los últimos siete años de su mandato presidencial (1990-2000).

Fue parte de un intento por bajar la tasa de natalidad del país. Reducir el número de bocas que alimentar, se argumentó, les ayudaría a los padres a sacar a sus familias de la pobreza.
 
Fujimori nunca fue juzgado por este asunto. 
 
Pero la señora Paccohuanca cree que sus derechos fueron violados. Ella es una de cientos de personas que han denunciado que fueron obligadas a someterse a operaciones y a quienes nunca se les dijo que podían negarse.

El expresidente se encuentra ahora en prisión, pero por condenas relacionadas con el conflicto interno del Perú, no por su campaña de control de la natalidad.

Nunca fue juzgado por los abusos de derechos humanos presuntamente cometidos durante el programa voluntario de salud. Sin embargo, los testimonios son difíciles de ignorar.

Analfabetas

Hilaria Supa se dio cuenta de que algo andaba mal desde el principio. Ahora se dedica a la política. Comenzó su campaña en busca de respuestas en 1996, cuando empezó a recibir denuncias de abusos.
"Algunas de las mujeres fueron esterilizadas voluntariamente", afirma. "Pero siempre dicen que fueron engañadas. Algunas son quechuas y ni saben hablar castellano, son analfabetas".

"No les dijeron, o no sabían, cómo era la operación en realidad. A veces se les dijo que 'si van a tener hartos (muchos) hijos van a pagar'".

El programa de esterilización contó con el respaldo de donantes internacionales, incluido el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Japón y EE.UU., así como de organizaciones antiaborto y feministas por igual.

"Fujimori solía decir: 'las mujeres tendrán el derecho a decidir si tener hijos o no'", recuerda María Ester Mogollón, una activista que trabaja con Hilaria Supa.

"Como feministas, nos pareció que era una buena idea. Pero eso cambió cuando empezamos a recibir información de que todo se hizo por la fuerza, con amenazas y participación de la policía".

Marino Costa Bauer, ministro de Salud de Perú en aquella época, admitió que su departamento cometió errores.

El exfuncionario reveló en 2002 que no había un reglamento que estipulara cómo se debía poner en práctica el programa de esterilización, pero dijo que era un problema que él había tratado de arreglar.

"Se emitieron las guías nacionales de salud reproductiva, que son unas guías que tienen como objetivo capacitar a todo el personal, sobre todo al grupo de planificación familiar".

"Premeditada y racista"

Una comisión independiente estableció que el gobierno de Alberto Fujimori había esterilizado a 346.219 mujeres.
Los miembros del gobierno de Fujimori también trataron de desviar la culpa a los médicos y enfermeras, diciendo que algunos podían haber obrado sin escrúpulos.

Los funcionarios insisten en que el personal médico no tenía cuotas para cumplir, ni recibía bonificaciones por alcanzar las metas.

Gloria Cano, sin embargo, cree que la campaña fue una política de Estado premeditada y racista.
Ella representa a muchas de estas mujeres en Aprodeh, una organización de defensa de los derechos humanos peruana. "Estamos hablando de un problema que ha afectado en mayor cantidad a las mujeres pobres e indígenas", dice.

"Hubo una política de desprecio hacia las personas más pobres, y no se puede hablar de negligencia médica".

Luis Alberto Salgado, fiscal de Perú, admite que es difícil establecer si el programa constituyó un genocidio.
De todas formas, cree que una investigación judicial determinará si hubo intención criminal detrás del programa y "si los ministros de Estado sabían o deberían haber sabido que las esterilizaciones se estaban llevando a cabo a través de engaños, amenazas o coacción".

Investigaciones anteriores han sido archivadas debido a las lagunas judiciales y la aparente falta de pruebas. Y ningún tribunal se ha pronunciado sobre el caso, ni ha enviado a nadie a la cárcel.
Pero Aurelia Paccohuanca está decidida a seguir adelante.

Trece años después de la operación, ya no puede cultivar la tierra a causa de complicaciones de salud y hace poco tuvieron que quitarle el útero.

"Si no me hubieran hecho la esterilización, habría vivido feliz con mi familia.

"Vamos siembre a luchar hasta el final, hasta que se haga justicia".

Mortalidad materna: Principal indicador de inequidad en salud

Tomado de reddesalud.org
22 de diciembre de 2011

Las cifras de muerte y morbilidad maternas, es decir, aquellas que ocurren en la etapa de embarazo, parto y puerperio, incluyendo los abortos inseguros, constituyen uno de los indicadores más claros de la inequidad en salud que afecta a las mujeres más pobres y con menor acceso a servicios de salud. La Región de las Américas, señalan estudios de OPS, exhibe una de las mayores inequidades en cuanto a la mortalidad materna: una mujer nacida en América Latina tiene un riesgo de morir por complicaciones del embarazo y del parto de 1 en 160 durante toda la vida, en comparación con otra de América del Norte cuyo riesgo es de 1 en 3.500, o sea, una diferencia 21 veces más alta. Agrega que las tasas de la Región fluctúan entre 5 y 523 defunciones por 100.000 nacidos vivos. La tasa de Haití —la mayor de la Región— es casi 100 veces más alta que la del Canadá, la más baja de la Región. Además de amplias variaciones en las tasas registradas en los países, también hay diferencias dentro de los mismos.

Es significativo, entonces, que culminando la primera década del tercer milenio, persista una situación que da cuenta de una grave vulneración de derechos humanos de las mujeres, sobre todo considerando que se han identificado las causas principales, directas e indirectas, que inciden en estas muertes, muchas de las cuales pueden ser enfrentadas con medidas posibles de implementar en términos de acceso a la información y a los servicios, atención obstétrica de emergencia, promoción de controles prenatales, valoración del aporte de las parteras o matronas, entre otras. Sin embargo, lo más arduo es confrontar una serie de determinantes sociales que colocan a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad y les impiden proteger su salud sexual y reproductiva, como por ejemplo, la violencia sexista, la pobreza, los prejuicios y discriminaciones por la condición de género, la influencia de tradiciones y costumbres dañinas, etc.

Para aportar a esta temática, incluimos a continuación algunas estadísticas tomadas del sitio Maternal Health by the Numbers: 20 From ’20/20, donde se indican datos clave sobre mortalidad maternal a nivel global:
  • Una mujer muere cada 90 segundos durante el embarazo o parto.
  • La tasa de muerte materna a nivel mundial es de 350,000 muertes por año, lo que significa más de 1.000 por día.
  • Un 99% de todas las muertes maternas ocurre en países en desarrollo.
  • Una mujer de cada 11 muere durante el embarazo y parto en Afganistán.
  • Estados Unidos  ocupa el lugar  50 a nivel mundial en muertes maternas, con tasas más altas que la mayoría de los países europeos, y que algunos países asiáticos y del Medio Oriente, según señala la OMS.
  • Un tercio de todos los nacimientos a nivel mundial ocurren sin atención de personal especializado.
  • En 2011, más de  50 millones de bebés nacieron sin la ayuda de personal de salud capacitado.
  • Aumentar la disponibilidad de matronas en un total de 350,000 en países de menores recursos podría salvar la vida de 3.6 millones de mujeres y sus hijxs.
  • Un 10 % de aumento en personal calificado correspondería a un 5% de reducción de muertes maternas.
  • Un 80% de las muertes maternas podría prevenirse con medidas de salud costo-efectivas, oportunas, antes, durante y después del nacimiento, incluyendo planificación familiar, atención especializada en el nacimiento, servicios médicos de emergencia y atención en las semanas después del nacimiento.
  • Una entre 7 niñas en países en desarrollo se casa a los 15 años.
  • Las niñas menores de 15 tienen 5 veces más posibilidades de morir al dar a luz.
  • Complicaciones durante el embarazo y parto son causa principal de muerte materna en adolescentes de 15 a 19 años, lo que resulta en casi 70 mil muertes cada año.
  • Cerca de 215 millones de mujeres que desean controlar el tamaño de sus familias no tienen acceso a planificación familiar.
  • Cada año, el uso de anticonceptivos modernos previene 188 millones de embarazos no planificados.
  • El uso de anticonceptivos ayuda a prevenir una estimación de 150,000 muertes maternas.
  • Responder a la necesidad insatisfecha de planificación familiar ayudaría a reducir la mortalidad materna en un 32 por ciento.
  • Más planificación familiar también ayudaría a reducir la mortalidad infantil en un 10%.
  • Programas que entregan mensajes de salud a los teléfonos móviles de las mujeres proporcionan información específica acerca de nutrición, atención prenatal, esquemas de inmunización y cómo tratar la diarrea y la neumonia en niñxs. Casi 25 millones de mujeres en todo el mundo están recibiendo estos mensajes que se entregan a través del internet, y millares los reciben  en sus teléfonos móviles.
  • A pesar de estos avances, solo 23 países están cercanos a las metas del Objetivo de Desarrollo del Milenio 5, que busca reducir la mortalidad materna en un 75 % para el año 2015.
Para la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, la mortalidad materna constituye una prioridad para la acción, en tanto refleja la grave vulneración de derechos que a diario experimentan millares de mujeres y niñas para quienes la sexualidad y la reproducción no son, habitualmente, ejercicios de poder, autonomía y libertad. Por ello la demanda por prevención y erradicación de las muertes y morbilidades maternas ha estado inserta en todos sus programas y líneas de estrategias, y ha sido tema de las convocatorias del 28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.

Aborto Legal, una deuda de la democracia en Sudamerica

23 de diciembre.
Tomado del Blog: Son tus derechos, hacelos valer

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina, envió un apoyo a las ciudadanas y los ciudadanos del Uruguay en el debate del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se realizará el próximo 27 de diciembre de 2011 en la Cámara de Senadores.

13 de diciembre de 2011

EEUU compensará a 3.000 víctimas de esterilización forzosa

32 Estados avalaron esta práctica en discapacitados intelectuales en el siglo XX



Tomado del País 

David Alandete, Washington, 12 Dic 2011

A los débiles se les esterilizaba para evitar que transmitieran sus carencias a generaciones venideras. La práctica, conocida comoeugenesia, fue muy común en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Hasta 32 de los 50 Estados aprobaron leyes que permitían la esterilización de personas a las que consideraban excesivamente sexuales, víctimas de algún trastorno mental o carentes de un coeficiente intelectual adecuado. En su mayoría eran pobres y negras. Entre todos los Estados, el que más esterilizó, y el que lo hizo hasta más recientemente, fue Carolina del Norte. Ahora, sus gobernantes tratan de dilucidar cómo compensar a las 7.600 víctimas de su programa de esterilización. Se calcula que 3.000 de ellas aún viven.
La pasada semana, en Charlotte, algunas de las víctimas acudieron a una reunión con un comité estatal para iniciar un programa de compensaciones. El grupo presentó dos puntos de partida en la negociación, que durará hasta febrero: 20.000 dólares por persona, y solo a percibir por aquellas víctimas que sigan vivas, no por sus familiares. En Carolina del Norte el programa duró 44 años, de 1933 a 1977. Muchas de las víctimas han fallecido ya. Las que aún están vivas, estaban furiosas. ¿Solo 20.000 dólares (14.000 euros), por el sufrimiento y la humillación de toda una vida?
“Mi esterilización fue peor que si me hubieran quitado el brazo o la pierna... ¿Qué suponen para mí 20.000 o 50.000 dólares? ¿Creen acaso que eso me va a devolver lo que la eugenesia en California me ha robado?”, dijo Elaine Riddick Jessie, de 57 años. La esterilizaron en 1968, después de que diera a luz, a los 14 años, a su único hijo, Tony. Su caso no es único: Carolina del Norte efectuó 2.000 esterilizaciones a menores. Los casos llegaban a un comité que revisaba en 15 minutos la biografía de la víctima en términos simplistas. Aprobaba, normalmente, el 90% de las recomendaciones.
En el caso de Elaine, decidió que era “débil de mente”. En un informe, que ella aún guarda, dijo: “Debido a su incapacidad para el autocontrol y su promiscuidad, y como hay datos sobre merodeos nocturnos sin compañía adulta, el médico ha recomendado esterilizarla. Eso prevendrá que tenga más niños cuando ni siquiera es capaz de cuidarse a sí misma, dado el hecho de que no podrá actuar nunca como una buena madre”. Veredicto: esterilización.
En realidad, Elaine, que ahora vive en Georgia, quedó embarazada tras ser violada. Una trabajadora social que controlaba los pagos de la seguridad social a su abuela lo descubrió y decidió recomendar que la esterilizaran. Convenció a la abuela, analfabeta, para que firmara, amenazándola con enviar a Elaine a un orfanato.
Esa es, precisamente, otra particularidad del programa de eugenesia de Carolina del Norte. “Allí no se necesitaba que las víctimas hubieran pasado por un periodo de internamiento en un hospital estatal. Los médicos, los trabajadores sociales o los miembros de la comunidad podían recomendar la esterilización por los motivos que creyeran pertinentes”, explica el profesor de derecho en la Universidad Estatal de Georgia, y autor del libro Tres generaciones y ningún imbécil: eugenesia, la Corte Suprema y el caso Buck v. Bell (BuckvBell.com), que se considera la obra definitiva sobre este asunto.
Lo que hoy se considera una crueldad fue una moda muy extendida en la primera mitad del siglo pasado. Diversos presidentes, incluidos Woodrow Wilson y Teddy Roosevelt, apoyaron la eugenesia. La primera ley al respecto la instauró Indiana en 1907. En 1927, el Tribunal Supremo consideró la legalidad de esa práctica.
En una apabullante mayoría de ocho contra uno, decidió que las esterilizaciones no solo eran legales, sino que además eran recomendables. El juez Oliver Wendell Holmes Jr. escribió: “Es beneficioso para todos si, en lugar de ejecutar a los hijos que son degenerados por los crímenes cometidos, o dejarles morir de hambre a causa de su imbecilidad, la sociedad puede evitar que esos que son obviamente incapaces transmitan esa condición a su descendencia. El principio que apoya las vacunas obligatorias apoya prácticas como la de amputar las trompas de Falopio”.
Hoy EE UU carece de una ley federal que prohíba esa onerosa práctica.

11 de diciembre de 2011

Plan B: When Politics Beat Science


Tomado del TIME

President Obama came into office promising to restore scientific integrity to policymaking, but his Administration has allowed politics to trump science several times—including with this week's move to keep the emergency contraceptive Plan B from being sold without a prescription. But science—in climate change and in other areas—can only tell us so much. Ethics and values—and politics—are what really control policymaking, and it's on climate advocates should focus their energy on changing those, instead of harping on the science.
GETTY IMAGES NEWS
The Obama Administration overruled its own scientists on the emergency contraceptive Plan B
On March 9, 2009, President Barack Obama—surrounded by lawmakers and scientific luminaries in the White House’s East Room—made a promise: his Administration, unlike his predecessor, would “guarantee scientific integrity” in federal policymaking. As Obama said in a Presidential memorandum released that day:
The public must be able to trust the science and scientific process informing public policy decisions.  Political officials should not suppress or alter scientific or technological findings and conclusions.  If scientific and technological information is developed and used by the Federal Government, it should ordinarily be made available to the public.  To the extent permitted by law, there should be transparency in the preparation, identification, and use of scientific and technological information in policymaking.  The selection of scientists and technology professionals for positions in the executive branch should be based on their scientific and technological knowledge, credentials, experience, and integrity.
For those who’d sat by frustrated while the George W. Bush Administration muzzled its own scientists on issues like climate change and reproductive health, Obama’s announcement was cause for celebration—and a reminder of why he’d won their support.
One of the issues that supporters hoped Obama would show more respect for science than his predecessor was on the Plan B  or “morning after” pill, a drug that can help prevent pregnancies if taken shortly after unprotected sex. Under Bush, Food and Drug Administration (FDA) scientists had ruled that Plan B was safe and effective, and that it could be given to women below age 18 without a prescription. Yet the Bush White House reportedly put political pressure on FDA officials to reject their own scientists’ recommendations—interference severe enough that the then-director of the FDA’s Office of Women’s Health, Dr. Susan Wood, resigned in protest. Surely Obama’s White House would listen to their scientists and move ahead on allowing greater access to Plan B, which could help prevent some of the 3 million unplanned pregnancies that occur each year in the U.S.
Or possibly not. On December 7—after FDA Commissioner Margaret Hamburg came out in support of allowing all women of child-bearing age to buy Plan B without a prescription—White House officials decided to ignore science. Health and Human Services (HHS) Secretary Kathleen Sebelius overruled the FDA—the first time a HHS secretary had ever done so—and vetoing the move to make Plan B more widely available. This time—just as it had with the Bush White House—politics beat science.
Sebelius’s statement made that much clear:
After careful consideration of the FDA Summary Review, I have concluded that the data, submitted by Teva [the Plan B manufacturer], do not conclusively establish that Plan B One-Step should be made available over the counter for all girls of reproductive age.
The average age of the onset of menstruation for girls in the United States is 12.4 years. However, about ten percent of girls are physically capable of bearing children by 11.1 years of age. It is common knowledge that there are significant cognitive and behavioral differences between older adolescent girls and the youngest girls of reproductive age. If the application were approved, the product would be available, without prescription, for all girls of reproductive age.
Reproductive health experts were not impressed with Sebelius’s reasoning or with President Obama:
“We are outraged that this administration has let politics trump science,” said Kirsten Moore of the Reproductive Health Technologies Project, a Washington-based advocacy group. “This administration is unwilling to stand up to any controversy and do the right thing for women’s health. That’s shameful.”
Personally, I agree with the critics here—Plan B does not cause abortions, and restricting access to it will only increase the number of unwanted pregnancies. The decision doesn’t just affect teenage girls—even adults who don’t need prescriptions will still need to ask a pharmacist for the pill, and if you don’t think that’s problematic, check out this post from Amanda Hess at Good:
After a condom broke in college, I went to the CVS pharmacy for Plan B. The pharmacist mumbled something under his breath as he checked my ID, then slowly shook his head as he rang up the sale. (Later, at the same CVS, an employee would unlock a glass box, hand me a pregnancy test, and point helpfully to the nearby condoms. “Should have used these,” he told me). I took the test in the bathroom of the gay bar down the street. It was negative. Thanks for everything, Plan B! Thanks for nothing, CVS.
The White House says that Sebelius—a former governor of Kansas who knows how to toe the line with conservative audiences—made the decision on her own, though today Obama backed her, citing his own young daughters as a reason:
The reason Kathleen made this decision is that she could not be confident that a 10-year-old or an 11-year-old going to a drug store should be able — alongside bubble gum or batteries — be able to buy a medication that potentially, if not used properly, could have an adverse effect.
Of course, if you believe in purely science-informed policymaking, you’d have to accept that the person who would most be able to gauge how dangerous Plan B is would be Margaret Hamburg, M.D., not Kathleen Sebelius, M.B.A. And while we’re worrying about chemicals that may or may not be hurting young girls, I might suggest that we look atsome of the 80,000 chemicals used in commerce today, of which just a handful have been directly tested by the government for their impacts on human health.
This isn’t the first time the Obama Administration has seemed to override the expertise of its scientists in favor of politics. Obama’s decision to reject tougher ozone standards proposed by the Environmental Protection Agency would certainly seem to qualify, as the White House traded increased public health protections for support from the business community, which had been vocally against the stronger rules. In his moves to allow expanded access to offshore drilling in Alaska to his climate team’s less that constructive work at the U.N. global warming summit in Durban, Obama has acted against the advice of environmental experts. His White House has also been slow to implement its own plan to restore scientific integrity to federal policymaking, and government scientists rarely speak with reporters without a public affairs minder on the phone.
None of this is really to criticize Obama, even if I have disagreed with some of his moves. For all his faults he still runs a White House that gives science and scientists a more prominent place than his predecessor did. Sebelius may have decided to overrule them on Plan B, but the FDA was allowed to do its job and approve the drug as the science suggested. The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) under Obama has produced excellent—and often frightening—research on climate change, and outspoken government scientists like the climatologist James Hansen have remained outspoken.
Instead, we have to be more realistic about how science is used in policymaking, as one scientist explained after Obama’s memorandum back in March 2009:
“Scientists should have no illusions about whether they make policy — they don’t,” said Harold Varmus, president of the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center and co-chairman of a panel that advises Mr. Obama on science matters.
The directive, Dr. Varmus said, was simply intended “to provide the best available scientific information” to those who make policy decisions.
Ultimately, science can only tell us so much. It can tell us that there is little evidence that Plan B would pose any danger to women below the age of 18, but it can’t tell us whether it’s right that they should be able to have the drug without a prescription. Obviously, not every American feels that way—including, I suspect, President Obama, who has often leaned conservative on many social issues. I think they’re wrong—and maybe you do, too—but it’s my ethics and my values and my experience that inform that position, as much or more than any scientific study.
That goes for climate change and other environmental policy issues as well. Climate science is getting better and better—no thanks to Republicans in Congress who would zero out funding for U.N. climate research—but the future in warmer world is still cloudy and uncertain. Environmentalists often call on us to act on the science of climate change, but in most cases science can offer guidelines, not dictates. Not to mention the fact—as Andrew Revkin has noted at Dot Earth—for every Nobel winner who recommends one course of action, you can usually find a different Nobel winner who recommends the opposite course.
The responsibility falls on us—and on our leaders—to interpret that science in the form of social and political choices. What do we value—and what do we think we can live without? Even more than harping on the science, advocates of strong climate action need to work on people’s values—and their politics, to convince them that this issue really is as important as we say it is. That’s an uphill battle, but it’s one that must be fought.