“Keep your laws off my body”

Por Eva Prados*

  Foto cortesía de Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivo (RMMDR)
como parte de la Campaña  del 28 de septiembre

El año 2011 ha sido uno intenso y polémico en lo que se refiere al histórico debate sobre los derechos reproductivos de las mujeres, con algunos grandes avances pero también con peligrosas respuestas por parte de los grupos conservadores. En Estados Unidos se logró, por primera vez en la historia de dicho país, que los planes médicos cubran finalmente métodos anticonceptivos. Sin embargo, todavía se mantiene vigente la Enmienda Hyde prohibiendo cualquier financiamiento a métodos de terminación de embarazo para las mujeres de escasos recursos económicos. Mientras en Argentina, estamos en la mira de que se consiga finalmente, y como primer país en Sur América, la despenalización del aborto con la aprobación de legislación específica para legalizarlo y hacerlo accesible a mujeres de todas las clases sociales. 

Durante estos últimos meses del año, me atrevo a decir, el debate se ha intensificado considerablemente. La maternidad voluntaria y la posibilidad de toda mujer de terminar un embarazo no deseado ha sido el tema en agenda en todo el continente americano. Pero como siempre pasa con los temas relacionados a las mujeres, con cada avance surge una respuesta de grupos conservadores para limitarlo. 

En primer lugar tenemos a Colombia, donde grupos conservadores promovieron medidas legislativas para revocar la decisión de la Corte Constitucional cual reconoce el derecho a la terminación de un embarazo por razones terapéuticas. En Estados Unidos, el estado de Missisipi llevará a votación general el reconocerle personalidad jurídica al feto, como último intento para limitar todo tipo de métodos de planificación familiar y prohibir el aborto. De aprobarse por votación general la llamada Proposición 26, la misma representaría una oportunidad para que el actual Tribunal Supremo de Estados Unidos de exprese sobre la vigencia de Roe v. Wade.

De igual manera, Puerto Rico no quedó ausente de este proceso. La actual administración de gobierno, en un intento de visibilizar su agenda fundamentalista religiosa y el poco compromiso que tiene por los derechos humanos de las mujeres, mantiene en agenda dos medidas legislativas para limitar nuestros derechos reproductivos. Por un lado, busca consignar nuevamente el delito de aborto pero con distintas penas en el nuevo Código Penal. Por otro lado, quiere imponer restricciones a que menores de edad puedan practicarse un aborto. Aunque desde una mirada jurídica podríamos reconocerle problemas en su aplicación a ambas medidas frente a la doctrina constitucional federal y estatal establecida en Roe v. Wade y Pueblo v. Duarte, la realidad es que todo intento de prohibición en este tema tiene un impacto real y concreto en cómo la sociedad y, en particular, las mujeres ven la legitimidad del ejercicio de su derecho a decidir.

Pero ante todo intento de prohibir también surgen otras voces que nos recuerdan no sólo lo impráctico sino también lo ilegítimo, desde una mirada de derechos humanos, que significa el que los gobiernos sigan insistiendo en restringir el derecho al aborto para las mujeres.  El pasado mes de octubre el Secretario General de las Naciones Unidas presentó a la Asamblea General un informe sobre la interacción entre las leyes penales y otras restricciones jurídicas relativas a la salud sexual y reproductiva preparado por Anand Grover, Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Dicho informe contiene, por primera vez en la historia de este organismo, un pronunciamiento concreto y amplio en contra de toda legislación que penalice el aborto. 

En las propias palabras del Relator Especial de la ONU:

“Las leyes penales que castigan y restringen el aborto inducido son el ejemplo paradigmático de las barreras inaceptables que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, deben eliminarse. Estas leyes atentan contra la dignidad y autonomía de la mujer al restringir gravemente su libertad para adoptar decisiones que afecten a su salud sexual y reproductiva. Asimismo, generan invariablemente efectos nocivos para la salud física, al ser causa de muertes evitables, morbilidad y mala salud, y para la salud mental, entre otras cosas porque las mujeres afectadas se arriesgan a caer en el sistema de justicia penal. La promulgación o el mantenimiento de leyes que penalicen el aborto puede constituir una violación de la obligación de los Estados de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud.”

Mas allá del informe de Grover, la historia nos ha demostrado que toda legislación que prohíbe o limita los derechos reproductivos de las mujeres ha sido un fracaso en tratar de controlar decisiones tan básicas en la vida de cualquier persona. Ni políticas gubernamentales de control de natalidad ni aquellas para prohibir las terminaciones de embarazos han sido efectivas para lograr sus objetivos. Todo lo contrario, lo que han logrado es promover la pérdida de la vida de muchas mujeres. Ninguna ley podrá evitar que una mujer se practique un aborto,  ni podrá imponerle cuándo ni cuántos hijos tiene. Sencillamente, nuestro cuerpo esta fuera del alcance de cualquier ley o prohibición. Pero lo que sí representan estas legislaciones es un atentado directo en contra de todos los derechos humanos de las mujeres, como el derecho a la intimidad, dignidad personal, libertad, salud y, sobre todo, el derecho a la vida.

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*La autora es abogada e integrante del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico y co-administradora del blog.