Un derecho que tiene amplio respaldo en la sociedad

Una encuesta revela que el 56 por ciento considera que el Estado debe garantizar los abortos en los servicios de salud. El estudio fue realizado en el área metropolitana por Ibarómetro. Por primera vez, hoy el Congreso debate un proyecto de despenalización.

Por Mariana Carbajal
1 de noviembre de 2011
Página/12

Un amplio apoyo a la despenalización y legalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación muestra una encuesta realizada en la última semana por la consultora Ibarómetro en el Area Metropolitana de Buenos Aires para indagar sobre las opiniones de la población acerca del tema, a cuyos resultados accedió Página/12 en forma exclusiva. El 57 por ciento de los consultados sostuvo que la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo en el primer trimestre es un derecho de la mujer, mientras que apenas un 25 por ciento se manifiesta en desacuerdo. Del estudio surge que no sólo la mayoría de los consultados –56 por ciento– adhiere a la despenalización del aborto, sino que además considera que el Estado debería garantizar las intervenciones en los servicios de salud. “Los resultados que arroja esta encuesta son coherentes con todos los estudios de opinión pública que venimos realizando y que muestran que la gran mayoría de la población adhiere a la idea de que el Estado debe respetar y garantizar los derechos de igualdad de los ciudadanos”, destacó en dialogo con Página/12 Doris Capurro, presidenta de Ibarómetro. Otro sondeo de opinión hecho en septiembre a nivel nacional revela que un tercio de los argentinos conoce a alguien que se ha hecho un aborto (ver aparte).

Los datos de las encuestas se conocen cuando la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados tiene previsto empezar a analizar en una reunión citada para hoy a las 15.30 una serie de iniciativas sobre aborto. Entre ellas, el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que lleva la firma de 50 diputados y diputadas de un amplio arco político, que despenaliza y legaliza el aborto en el primer trimestre de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación o si hay graves malformaciones fetales. Según adelantó ayer a Página/12 el diputado Juan Carlos Vega, presidente de Legislación Penal, en la reunión “van a ser puestos a consideración” la propuesta de la Campaña y un proyecto de su autoría. El primero avanza con una amplia reforma legal. El segundo no modifica nada: el proyecto de Vega se limita a reglamentar la atención de los abortos no punibles previstos en el Código Penal desde 1921. Las otras iniciativas en danza –cuatro más, precisó Vega– son complementarias de esas dos (ver aparte).

Un derecho de la mujer

La encuesta de Ibarómetro fue realizada el jueves último, en forma telefónica, en una muestra estratificada por población de 400 personas mayores de 18 años, en hogares particulares con teléfono fijo, del Area Metropolitana de Buenos Aires.

El sondeo de opinión arrojó los siguientes resultados:

• Casi seis de cada diez personas creen que la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo en el primer trimestre de gestación es un derecho de la mujer, mientras que sólo cuatro de cada diez se manifiesta en desacuerdo.

• El 52 por ciento se pronuncia en contra de que la mujer que aborta tenga que ir presa. Unicamente el 31 por ciento de los consultados considera que el aborto debe ser castigado con prisión.

• Un 56 por ciento considera que el Estado debería garantizar los abortos en los servicios de salud.

• La encuesta registra una moderada relación entre las posturas ante el tema y la edad: los jóvenes se inclinan en mayor medida por la despenalización, mientras que los que más se oponen son los adultos mayores.

“La gran mayoría adhiere a la idea de que el Estado debe garantizar los derechos de igualdad de los ciudadanos. Se sabe que en la Argentina muere un centenar de mujeres por año por abortos inseguros. Las que mueren en general son las mujeres más pobres, menos educadas, que no acceden a los servicios sanitarios básicos y están más alejadas de una atención médica calificada”, evaluó Capurro, presidenta de Ibarómetro, al analizar los datos obtenidos.

Capurro indicó que los estudios de opinión pública realizados por Ibarómetro anteriormente sobre el mismo tema y este último “concluyen que el acuerdo con la despenalización del aborto se ubica entre el 50 y el 60 por ciento de la población”. El acuerdo crece en los grandes centros urbanos, a medida que aumenta el nivel educativo y económico social de los entrevistados, puntualizó.

La consultora explicó que el diseño de la encuesta apunta a saber qué opinan los entrevistados sobre la despenalización del aborto, es decir, cuál debe ser la posición del Estado frente al tema, y no a determinar cuál es la actitud personal de los encuestados en relación con esa práctica. “Es importante aclarar que la manifestación de acuerdo con que una mujer no sea penada por la ley y no vaya presa por haberse realizado un aborto no significa que ella misma esté de acuerdo con abortar o, en el caso de los hombres, con que vayan a acompañar la decisión de una mujer de interrumpir un embarazo”, señaló Capurro. Otro tema, no abordado en este último relevamiento pero que sí Ibarómetro estudió en anteriores, es que “la mayoría se inclina por flexibilizar también la aprobación del aborto, desde un punto de vista ético o religioso, en casos de violación, peligro de vida de la mujer, incompatibilidades del feto con la vida extrauterina, problemas de salud física y psíquica de la mujer”, enumeró Capurro. Estas posturas coinciden con los datos que revelan la encuesta de Catholic for Choice de Estados Unidos, realizada en septiembre en el país, sobre la que se informa por separado. “La opinión pública se encuentra lejana a la rígida y tradicional polarización del debate ideológico sobre el aborto: ‘pro vida’ versus ‘pro elección’”, consideró Capurro. Y agregó que en estudios realizados en otros países de América latina también “se evidencia una demanda de mayor apertura en las decisiones de política pública vinculada con esta temática y de flexibilización de los marcos regulatorios sobre el aborto vigentes”.