por Julia Vicuña Yacarine
Lima, septiembre 2011 (Especial de SEMlac) – "Estaba desesperada, un hijo más sería un gran problema. Tenía cuatro. Mi marido me iba a echar la culpa: 'por no cuidarte', iba a decir. Así que le dije a Juana, mi amiga. Ella me contó que conocía a una curiosa que la ayudó cuando ella salió encinta. Me fui con ella. Tenía miedo de morirme. No sé qué me puso ahí y a las horas se me vino. Diosito no quiso que me pasara nada", recuerda, aún con angustia, María.
Lima, septiembre 2011 (Especial de SEMlac) – "Estaba desesperada, un hijo más sería un gran problema. Tenía cuatro. Mi marido me iba a echar la culpa: 'por no cuidarte', iba a decir. Así que le dije a Juana, mi amiga. Ella me contó que conocía a una curiosa que la ayudó cuando ella salió encinta. Me fui con ella. Tenía miedo de morirme. No sé qué me puso ahí y a las horas se me vino. Diosito no quiso que me pasara nada", recuerda, aún con angustia, María.
En Perú, de cada 100 mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años), cada año 5,2 en promedio termina voluntariamente su embarazo no deseado, señala una investigación del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder Internacional, titulada "El aborto clandestino en el Perú".
Si bien la práctica del aborto, con excepción del terapéutico, es ilegal en este país andino, al año se producen 352.000 abortos en pésimas condiciones, lo que genera muertes maternas y problemas de salud derivados de la clandestinidad.
Si bien la práctica del aborto, con excepción del terapéutico, es ilegal en este país andino, al año se producen 352.000 abortos en pésimas condiciones, lo que genera muertes maternas y problemas de salud derivados de la clandestinidad.
El aborto terapéutico, legal desde 1924, es practicado con el consentimiento de la mujer embarazada, para salvar su vida o evitarle un mal grave de salud y permanente; sin embargo, hasta hoy, después de 87 años, no hay una norma que regule su procedimiento, por lo cual, quienes tienen embarazos de riesgo quedan expuestas al peligro de morir o de sufrir graves secuelas en su salud física y mental.
La mortalidad materna y la muerte por abortos inseguros están íntimamente asociadas a la negación del ejercicio de los derechos reproductivos, y afectan fundamentalmente a adolescentes, mujeres pobres, rurales y nativas que no pueden acceder a los servicios de salud, señala el "Perfil de género y salud de la subregión Andina 2010", estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Mientras que el embarazo adolescente representa una carga importante para el riesgo de muerte materna y perinatal, detalla el Ministerio de Salud (MINSA), en su Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna y Perinatal 2009 -2015.
La muerte materna en adolescente representa entre 12 y 16 por ciento del total de las muertes maternas, apreciándose un preocupante aumento en las edades más jóvenes de 10 a 14 años, de acuerdo a los Registros de muerte materna 2007 - 2008 realizados por el MINSA.
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2004-2006, en 2006 el 12,7 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años alguna vez habían estado embarazadas. En el sector urbano la cifra se reduce a 9,5 por ciento, mientras que en la zona rural asciende a 20,3 por ciento.
En la selva, el 29,2 por ciento de adolescentes de 15 a 19 años ha estado embarazada alguna vez. Continúa el resto de la costa (11,8%), sierra (11,2%) y Lima Metropolitana (8,7%). La mayoría de ellas solo tiene estudios primarios y es pobre.
En la selva, el 29,2 por ciento de adolescentes de 15 a 19 años ha estado embarazada alguna vez. Continúa el resto de la costa (11,8%), sierra (11,2%) y Lima Metropolitana (8,7%). La mayoría de ellas solo tiene estudios primarios y es pobre.
En Perú, el interés por la sexualidad y la reproducción en la agenda pública nacional data de hace casi dos décadas y la historia ha demostrado el impacto nefasto que puede tener sobre la salud y la vida de las mujeres políticas impulsadas por el Estado de manera arbitraria.
Entre 1996 y 2000, el gobierno de Alberto Fujimori impulsó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que tenía como una de sus metas "llegar al año 2000 habiendo alcanzado la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos y seguros necesarios para lograr una tasa general de fertilidad de 2,5 hijos por mujer".
Las esterilizaciones forzadas estuvieron dirigidas a un sector poblacional específico: personas sumidas en la pobreza o pobreza extrema, campesinos e indígenas.
Para alcanzar esa meta, el Estado impuso objetivos numéricos de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV): cuotas de captación de usuarias por establecimiento y por agente de salud. A cambio, ofrecía dinero o especies al personal, estímulos y hasta amenazas de remoción en caso de incumplimiento, según un informe presentado por el Centro Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).
Para alcanzar esa meta, el Estado impuso objetivos numéricos de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV): cuotas de captación de usuarias por establecimiento y por agente de salud. A cambio, ofrecía dinero o especies al personal, estímulos y hasta amenazas de remoción en caso de incumplimiento, según un informe presentado por el Centro Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).
A muchas mujeres les ligaron las trompas sin su consentimiento luego de otra intervención quirúrgica (post- parto, post-aborto), inducidas por agentes de salud. A otras se les practicó la ligadura pese a que habían desistido antes del inicio de la operación. En la mayoría de los casos no se les informó las contraindicaciones, los riesgos ni los cuidados que debían tener luego de la intervención.
En otros casos fueron intimidadas, recibieron trato humillante, terminaron encerradas en las salas de operación y hasta hubo casos de usuarias con un número elevado de hijos que fueron amenazadas a no ser atendidas en el siguiente parto. En muchos casos se obvió el requisito fundamental de que la paciente firmase personalmente un formato de autorización, o éste fue firmado sin el plazo reglamentario de meditación (72 horas entre la charla y la aceptación).
Hasta hubo ligaduras de mujeres embarazadas, según una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo y que consta en el Informe Defensorial Nº 27 "La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos II".
Para María Jennie Dador [1], directora del Movimiento Manuela Ramos, la insensibilidad de las autoridades ante el drama del aborto y la muerte materna estaría asociada, por un lado, a los dogmas religiosos que lo consideran un pecado. "Por lo tanto, la mujer que se lo practica debe ser sancionada, condenada", señala.
Jennie Dador dijo a SEMlac que también influye que un porcentaje considerable de autoridades sea de sexo masculino, pues "por un lado, anteponen su dogma moral y, por otro, por más que traten de entender y ponerse en el lugar de la mujer que decide abortar, no lo pueden hacer".
"No toda la maternidad es voluntaria; hay violaciones, incluso dentro del matrimonio, y generan embarazos no deseados. En países como los nuestros, la maternidad y el amor las llevan a la muerte, porque en su afán de desligarse de una maternidad no deseada, no querida o inoportuna, ellas exponen su salud y vida en un aborto clandestino", señaló.
Muchas peruanas con vida sexual activa y en edad reproductiva se ven en peligro no solo por los embarazos no deseados, sino también por las infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente la del VIH/sida.
En 1986, por cada mujer con la infección había nueve varones en igual situación, lo que ha variado significativamente. En la actualidad se vive un proceso de feminización del VIH y las infecciones se mantienen en el rango de una mujer por cada tres varones, lo que revela el incremento de la transmisión heterosexual, debido a conductas de riesgo.
Según el Ministerio de Salud, la vía sexual es la mayor fuente de contagio del VIH/sida con 97 por ciento, seguida por la contaminación vertical (madre-hijo) con dos por ciento y el medio parenteral (transfusión o contagio de agujas contaminadas) con uno por ciento. Más del 50 por ciento de las personas infectadas con el VIH no saben su diagnostico, por la naturaleza asintomática de la evolución de la infección.
Una de las razones más comunes de mortalidad femenina en el Perú es el cáncer de mama y el de cuello uterino. Ambas suman 70 por ciento. Según la Agencia Internacional de Investigación Contra el Cáncer (IARC), una de cada 25 limeñas que viva hasta los 85 años tendría la posibilidad de desarrollar el cáncer de cuello uterino.
En los últimos 30 años, el cáncer de mama ha incrementado su incidencia a 26,5 por 100.000 mujeres, y la tasa de mortalidad es de 9,3 por 100.000, de acuerdo con estadísticas del MINSA.
La alta incidencia de estas enfermedades, que son curables si son detectadas en su fase inicial, está vinculada a la pobreza, pues un gran porcentaje de las afectadas son mujeres de bajos recursos económicos. Por otro lado, no se cuenta con una política desde el Estado que garantice acceso a servicios de detección temprana.
Según una proyección de la IARC para el año 2000, se presentarían 4,101 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y el tratamiento de estos casos demandaría un gasto de 11.888.186,2 dólares anuales.
Eliana Cano [2], coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir en Perú, dijo a SEMlac que "la jerarquía de la Iglesia católica ha demostrado insensibilidad, primacía de sus intereses y falta de compasión por el sufrimiento de muchas mujeres que, por diversos factores, tienen que afrontar una situación de interrupción de una gestación".
Para Cano, las resistencias de la jerarquía católica refuerzan un discurso hegemónico y totalizador respecto a la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos, con fines de control y poderío.
"Las manifestaciones públicas en defensa de la familia, las presiones a los gobernantes para evitar la sanción de derechos sexuales y reproductivos, el dictado de instrucciones sobre el posicionamiento que deben tener las y los legisladores católicos frente a estos derechos, son algunos ejemplos de la obsesión del Vaticano sobre la sexualidad", agregó.
Por su parte, Miguel Gutiérrez Ramos, presidente del Comité Especial Mortalidad Materna de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, explica que el artículo 30 de la Ley 26842, Ley General de Salud, plantea un conflicto entre el derecho o deber del secreto profesional de médicos, médicas y pacientes.
En la publicación "Médicos en conflicto entre la cura y la denuncia, artículo 30 análisis de constitucionalidad de la Ley General de Salud sobre la obligación de médicos y médicas de denunciar" señala que atenta contra los derechos a la intimidad, libertad, vida y salud de las personas que acuden a los servicios médicos.
La legislación establece que "el personal médico que brinda atención a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de autoridad competente".
El aborto ocupa el cuarto lugar como causa de muerte materna (7%), según el Ministerio de Salud; sin embargo, numerosos estudios sostienen que entre las muertes por hemorragias (60%) e infecciones (13%) se encuentran subregistradas muchas defunciones por aborto.
Esta práctica constituye un problema de salud pública sumamente grave en el Perú, que afecta de manera directa e indirecta a la economía nacional, porque se da en condiciones inseguras, clandestinas, y llega complicada a los servicios, destacó Dador.
"La atención de abortos incompletos y problemas de salud derivados de la clandestinidad generan altos costos para los servicios de salud. Tiene que ver con horas/hombre, horas/mujer que atienden estos casos; cuesta camas y medicinas. También impacta en la economía porque las mujeres en edad reproductiva que mueren lo hacen justamente en el momento más productivo de sus vidas y dejan de aportar o de producir", comentó.
Cifras para considerar
Se estima que en el Perú se realizan 40 abortos cada hora y unos 1.000 cada día. Las protagonistas son mujeres de toda condición socioeconómica y social.
La mayor cantidad de abortos clandestinos ocurre en la sierra, con 32 por ciento, en tanto Lima Metropolitana ocupa el segundo lugar, con 28; y la selva, el tercero con 14 por ciento.
Según estadísticas de los servicios de salud, poco más de 62 por ciento de las mujeres que abortan es menor de 30 años. De este porcentaje, 14 por ciento es menor de 20 años.
El 54 por ciento de las mujeres recurre al aborto porque no desea ese embarazo, principalmente porque al momento de la concepción consideró que su familia estaba completa, y 28 por ciento lo hizo por razones económicas.
La probabilidad de hospitalización por complicaciones postaborto es más alta si la mujer es pobre: 13,6 por ciento entre las pobres urbanas y 18,5 por ciento entre las rurales; y más baja si la mujer pertenece a la ciudad y cuenta con recursos (1,5%); pero la probabilidad de hospitalización es también alta entre las mujeres rurales económicamente pudientes (9,4%).
Por cada aborto hospitalizado, hay siete no hospitalizados. (Fuente: Ferrando, Delicia: "El aborto clandestino en el Perú. Hechos y cifras". Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder International. Lima. 2002).
Ocho por ciento de las mujeres alguna vez unidas declaró haber sido obligada por su esposo o compañero a tener relaciones sexuales contra su voluntad. El mayor porcentaje se presentó en divorciadas, separadas o viudas (20,2%). En el área urbana, 7,8 por ciento, y en el área rural, 8,4. (Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES Continua 2009. Lima: INEI, 2010).
El 4,3 por ciento de las víctimas de feminicidio durante 2009 fueron asesinadas por su pareja, por no estar de acuerdo con el embarazo o para silenciar un aborto. (Fuente: Registro de Feminicidio del Ministerio Público).
* * *
(1) María Jennie Dador Tozzini es feminista, abogada, magíster en Ciencias Políticas y diplomada en Género, Procesos de Democratización y Derechos Humanos. Docente universitaria, investigadora y autora de diversas publicaciones, ensayos y artículos de opinión, actualmente es la directora del Movimiento Manuela Ramos.
(2) Eliana Cano es psicóloga, coordinadora de "Católicas por el Derecho a Decidir-Perú.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario